Al menos 4.6 millones de trabajadores van a necesitar de una moratoria previsional para acceder a una jubilación, si es que no consiguen ser registrados por sus empleadores -o se convierten en monotributistas- en los plazos necesarios. La contracara de esa situación es el daño severo que se inflige al sistema de reparto.
El dato surge del informe de Mercado de Trabajo que publicó el INDEC la semana pasada y que corresponde al cuarto trimestre de 2024. La estadística se genera a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, que abarca a casi 30 millones de personas de 31 aglomerados urbanos de todo el país. Y cobra relevancia a partir de la decisión del Gobierno nacional de eliminar las moratorias previsionales.
Los datos oficiales estiman que el mercado de trabajo está compuesto por 14.5 millones de personas ocupadas, subocupadas y desocupadas, de las cuales 9.8 millones están en condición de asalariados. El dato que alarma es que uno de cada tres no tiene descuentos jubilatorios, sea porque su empleador no lo registra o por que son beneficiarios de planes sociales.
Son, según los registros oficiales, 6.3 millones de asalariados con descuento jubilatorio y 3.6 millones sin descuento, el equivalente a toda la población de la Provincia de Santa Fe. Para este año, se estima que 300 mil personas se quedarán sin poder acceder a una jubilación completando los años de aportes. En los años por venir serán muchos más.
Monotributistas y autónomos en riesgo
¿Qué pasa con el resto de los trabajadores ocupados? Siempre según INDEC, el 23,8% trabaja por cuenta propia y el 3,5% son patrones. Totalizan 3.7 millones de personas. Se puede presumir que aportan como monotributistas o autónomos, aunque el informe no lo precisa. Para tapar ese agujero estadístico están los datos del SIPA, que contabilizaba, en diciembre de 2024, entre autónomos, monotributistas y monotributistas sociales, 2.7 millones de trabajadores en esa condición. Así las cosas, hay al menos otro millón de personas fuera de la ecuación.
Esa situación se agravó con la decisión del Gobierno de Javier Milei de dar de baja a cerca de 400 mil monotributistas sociales, que pagaban impuestos y realizaban aportes a partir de lo que generaban con actividades de subsistencia o dentro de lo que se conoce como economía social.
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Familiares de víctimas del fentanilo contaminado respaldaron la investigación del juez federal Ernesto Krepak y reclamaron al presidente Milei que no politice el caso.
Pensar que en el futuro puede haber 4.5 millones de adultos mayores sin ingresos es alarmante. Pero también alarma pensar en la sustentabilidad de un sistema que hoy tiene 1.5 aportantes por cada pasivo, cuando debería llegar a 4 para gozar de buena salud.
Se estima que un sistema de reparto sustentable necesitaría hoy de 16 a 17 millones de aportantes. Eso significa que ni siquiera eliminando todo el trabajo en negro se sanearía la cuenta de ANSES. Al día de hoy, aportarían en ese escenario utópico algo menos de 14 millones de trabajadores.
