El Instituto Provincial de Lotería y Casinos lanzó oficialmente el llamado a licitación pública para la modernización y explotación de siete Casinos bonaerenses. Entre ellos se encuentran dos de los más emblemáticos de Mar del Plata: el Hermitage y el Sasso. También están incluidos los Casinos de Necochea, Miramar, Tandil, Mar de Ajó y Sierra de la Ventana, todos actualmente en funcionamiento bajo prórrogas de concesión.
La iniciativa fue formalizada mediante una resolución firmada por el presidente del organismo, Gonzalo Atanasof, quien destacó que este proceso representa “un paso fundamental para la modernización y competitividad de los Casinos de la Provincia”. La apertura de sobres con las ofertas está prevista para el próximo 8 de julio a las 12 horas en la sede central del Instituto.
La licitación contempla una concesión inicial por 20 años, con posibilidad de extenderse por un año adicional. El objetivo es atraer inversiones que impulsen la renovación edilicia, la modernización tecnológica –especialmente de las máquinas tragamonedas– y la incorporación de nuevas propuestas gastronómicas y de espectáculos para convertir a los Casinos en polos turísticos activos durante todo el año.
“Atanasof remarcó que con esta iniciativa no solo se busca mejorar la infraestructura y el equipamiento de las salas, sino también garantizar la continuidad laboral y optimizar las condiciones de trabajo del personal. ‘No solo buscamos garantizar la continuidad de los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales sino también inversiones que ayuden a capitalizar el potencial turístico y de entretenimiento de cada sala’, afirmó.”
En paralelo, el Instituto de Lotería y Casinos también prorrogó nuevamente los contratos con la empresa BOLDT S.A., que continuará con la explotación de los Casinos de Tandil, Miramar, Hermitage, Mar de Ajó, Sasso y Sierra de la Ventana hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta la entrada en vigencia del nuevo contrato con los adjudicatarios de la licitación, lo que ocurra primero.
La resolución destaca la necesidad de “garantizar las fuentes laborales comprometidas” y evitar interrupciones en el funcionamiento de las salas, con el fin de resguardar los intereses del Estado provincial y asegurar la continuidad de las políticas de acción social, salud y seguridad que dependen de los ingresos generados por estos espacios.
