El personal policial de la Provincia de Buenos Aires recibirá un aumento salarial escalonado del 9% en los próximos meses. La suba, que se aplicará en dos tramos, consiste en un incremento del 7% en febrero y un 2% adicional en marzo, replicando el esquema acordado para el resto del personal de la administración pública provincial.
Además del aumento en los haberes, el Gobierno bonaerense extendió la suba a otros conceptos, como la compensación por Uniforme y el servicio de Policía Adicional (Polad), que se paga a los agentes que realizan tareas de seguridad en sus días de franco. Esta medida busca mejorar las condiciones laborales del personal de seguridad en un contexto económico desafiante.
Desde la administración provincial destacan que este incremento refleja el compromiso del Gobierno con las fuerzas de seguridad, en línea con la inversión en equipamiento policial realizada en los últimos años. A pesar de las dificultades financieras derivadas de las políticas del Gobierno nacional y la reducción de fondos destinados a la Provincia, la gestión bonaerense sostiene su esfuerzo para garantizar el salario de sus trabajadores.
Sin embargo, este anuncio llega en un momento de fuerte preocupación social debido a la creciente ola de inseguridad que afecta a distintos puntos del territorio bonaerense. La situación ha generado un intenso debate entre la ciudadanía y un cruce de responsabilidades entre el Gobierno provincial y la administración de la Ciudad de Buenos Aires sobre la estrategia de seguridad y la asignación de recursos.
Un escenario de tensión política y social
Mientras los bonaerenses exigen respuestas concretas ante el aumento de hechos delictivos, las diferencias entre las autoridades de la Provincia y la Nación se profundizan. La discusión sobre la distribución de recursos y la coordinación entre jurisdicciones sigue sin resolverse, en un escenario donde la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población.
El impacto del aumento salarial en la moral de las fuerzas y en la efectividad del combate contra el delito está por verse, aunque desde la Gobernación insisten en que seguirán priorizando la inversión en seguridad pese a las dificultades económicas.
