El Gobierno bonaerense volvió a cuestionar duramente a la administración de Javier Milei por el reparto de fondos nacionales, asegurando que la provincia de Buenos Aires fue la más perjudicada durante el primer trimestre de 2025. Según expuso el ministro de Economía provincial, Pablo López, la asignación de recursos colocó a la provincia al final de la tabla, con apenas $165.000 por habitante, menos del 40% del promedio recibido por el resto de las jurisdicciones.
“Durante el primer trimestre de 2025, nuestra provincia se ubicó al final de la tabla, recibiendo tan solo $165.000 por cada habitante, lo que representa menos del 40% del promedio correspondiente al resto de las provincias”, detalló López. Además, remarcó que el distrito bonaerense recibió incluso menos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que describió como “un distrito rico y de alta recaudación propia”.
La denuncia de López
En ese contexto, el titular de la cartera económica explicó que esta situación se agrava por la recesión económica y la eliminación de transferencias obligatorias por parte del Gobierno nacional. “En el transcurso de 2024, la provincia de Buenos Aires ya había sufrido una pérdida cercana a los $4,5 billones. En el primer trimestre de 2025, esta pérdida se incrementó en otros $500.000 millones debido a esta política”, remarcó.
El reclamo de la provincia no es nuevo. Desde la gestión de Axel Kicillof vienen advirtiendo sobre el desbalance en el sistema de redistribución de recursos. “La provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los ingresos, pero solo recibe el 7% del total recaudado por el Gobierno nacional”, insistió López, al tiempo que denunció que el actual esquema de asignación profundiza las desigualdades estructurales.
El pronunciamiento del ministro se da, además, en un contexto de creciente tensión salarial, con gremios estatales que reclaman una urgente recomposición frente a la caída del poder adquisitivo. Si bien el reclamo por los fondos no es reciente, la falta de respuestas por parte del Ejecutivo nacional y el impacto directo en las finanzas provinciales han reavivado la discusión.
