La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un giro que profundiza la polémica en torno a sus viajes y su situación patrimonial. La Justicia federal avanzó con medidas clave para determinar quién financió el traslado del funcionario y su familia a Punta del Este, en un expediente que ya no solo se limita al escándalo político sino que comienza a abrir interrogantes de carácter penal.
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario sobre empresas y personas vinculadas al viaje, con el objetivo de reconstruir el circuito del dinero. Entre las firmas bajo la lupa aparece IMHOUSE S.A., ligada al periodista Marcelo Grandio, quien además mantiene vínculos con la Televisión Pública, un área que depende de la órbita del propio jefe de Gabinete. La investigación busca determinar si la empresa tuvo la capacidad económica para afrontar los costos del vuelo privado y si existió algún tipo de beneficio indebido.
Según la documentación incorporada a la causa, uno de los tramos del viaje, realizado en febrero, habría costado alrededor de 4.830 dólares, mientras que un paquete más amplio de vuelos privados, que incluiría el regreso, asciende a más de 42.000 dólares. Frente a estos montos, la Justicia intenta establecer el origen de los fondos y si se trató de un gasto personal, un regalo o una operatoria encubierta con posibles incompatibilidades, dado el vínculo de las empresas involucradas con el Estado.
En paralelo, el magistrado también solicitó al Gobierno nacional que informe si el viaje tuvo carácter oficial o si contó con algún tipo de autorización administrativa. El requerimiento apunta especialmente a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para que detalle si existieron expedientes, viáticos, comisiones de servicio o cualquier tipo de respaldo institucional vinculado al traslado y la estadía del funcionario durante el fin de semana largo de febrero.
El rastro del dinero
La causa también incorpora elementos que aumentan las sospechas sobre la operatoria. Entre ellos, una factura presentada por el piloto Agustín Issin, fechada el 9 de marzo, cuando el escándalo ya había tomado estado público, en la que se consigna la “reventa” de un tramo del vuelo por 3.000 dólares a Grandío. Para los investigadores, la fecha del comprobante abre la hipótesis de una posible maniobra posterior para justificar gastos que originalmente no estaban claros.
A esto se suman cuestionamientos sobre el tipo de facturación utilizada. Según consta en la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, el comprobante sería de tipo “E”, una categoría destinada a exportación de servicios y exenta de IVA, lo que podría dificultar el rastreo del dinero y configurar una eventual irregularidad impositiva. La legisladora incluso calificó la documentación como “trucha” en sede judicial.
En ese contexto, la investigación también busca determinar si los vuelos fueron un obsequio, lo que podría encuadrarse como dádiva, o si, por el contrario, fueron financiados con fondos no declarados, lo que abriría la puerta a una causa por enriquecimiento ilícito. Con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la Justicia intenta ahora avanzar sobre el patrimonio, los movimientos financieros y las relaciones comerciales de todos los involucrados para esclarecer quién pagó realmente el viaje.
Así, mientras el Gobierno continúa defendiendo políticamente al funcionario y atribuye la polémica a operaciones en su contra, el expediente judicial avanza sobre datos concretos y comienza a delinear un escenario más complejo, donde el foco ya no está solo en el costo de un viaje, sino en la trazabilidad del dinero y las posibles incompatibilidades entre la función pública y los beneficios privados.
