El juez federal Ariel Lijo firmó la resolución que le prohíbe a Manuel Adorni salir del país sin autorización previa de la Justicia. La medida responde a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien conduce la causa por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete de Javier Milei.
La Justicia impuso restricciones para los viajes al exterior
Según el dictamen del fiscal, no existe peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento de la investigación. Aun así, Pollicita solicitó que Adorni notifique con anticipación cada intención de cruzar la frontera, para que en Comodoro Py se evalúe “la pertinencia y razonabilidad” de cada viaje.
A partir de ahora, el exfuncionario deberá exhibir los pasajes de regreso y avisar al juzgado cuando esté nuevamente en el país. La restricción alcanza únicamente a Manuel Adorni y no a su esposa, Bettina Angeletti, también investigada en la causa junto con un hermano del exvocero.
Sin detención, pero con controles judiciales
El planteo judicial surgió después de que trascendieran versiones sobre una posible mudanza de Adorni a Uruguay, con Punta del Este o Montevideo como destinos mencionados, algo que nunca fue confirmado. Su abogado, Matías Ledesma, había presentado un escrito para aclarar que el exfuncionario se encuentra en el país y no tiene planes de salir en el corto plazo.
El abogado Gregorio Dalbón y la diputada Marcela Pagano, denunciantes en la causa, habían pedido una medida más severa: la detención de Adorni o, en su defecto, la prohibición de salida junto con la retención del pasaporte. Tanto el fiscal como el juez descartaron ambas alternativas.
Pollicita consideró que Adorni no generó dilaciones en el expediente y que tampoco hubo pruebas de que haya presionado al contratista Matías Tabar, un testigo clave, pese a los mensajes hallados en el teléfono de este último. El fiscal también tuvo en cuenta que Adorni carece de antecedentes penales y que mantiene bienes y residencia habitual en el país.
La investigación patrimonial entra en una etapa clave
La investigación por el patrimonio de Manuel Adorni avanza hacia una nueva etapa. Pollicita espera en los próximos días un informe contable elaborado por peritos del Ministerio Público Fiscal, que analizará ingresos, gastos y compras del exfuncionario.
Con ese material, se prepara un requerimiento de justificación patrimonial que Adorni deberá responder antes de que arranque la feria judicial de invierno, prevista para dentro de tres semanas. Si sus explicaciones no logran despejar las sospechas, el paso siguiente sería una citación a declaración indagatoria.
Las propiedades y el viaje a Aruba bajo la lupa
Entre los elementos que complican al exfuncionario figura la remodelación de su casa en el country Indio Cuá, a cargo del contratista Matías Tabar, que costó 245.000 dólares pagados en efectivo.
También se sumó una nueva línea de investigación sobre un presunto viaje de Adorni a Aruba: el fiscal pidió a Migraciones los registros de entradas y salidas del país del exfuncionario y del periodista Marcelo Grandio desde 2023, además de información sobre la empresa dueña del avión utilizado.
En paralelo, ya declararon ante la Justicia tres empleados de la Vocería Presidencial —Gisela Kocsis, Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma— que reconocieron haber prestado su nombre o sus tarjetas para que Adorni hiciera compras sin dejar rastro.
La lista de propiedades bajo la lupa incluye dos departamentos en Parque Chacabuco y Caballito, una vivienda en La Plata donde vive su madre y la casa del country Indio Cuá. Adorni sostuvo públicamente que contaba con 500.000 dólares en efectivo provenientes de criptomonedas, una versión que todavía no pudo comprobar ante los tribunales.
