Con críticas directas al Gobierno nacional y una fuerte advertencia sobre las consecuencias de la desregulación aérea, cinco gremios aeronáuticos realizaron este lunes una asamblea gremial en Aeroparque para manifestar su rechazo al DNU 378/2025, que modifica de forma sustancial las condiciones laborales del sector. La protesta se llevó a cabo sin afectar el normal desarrollo de los vuelos, aunque con una presencia sindical visible y un importante operativo de seguridad.
La medida fue impulsada de forma conjunta por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y ATE ANAC, el gremio que representa a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil. Aunque tanto los pilotos como los controladores se encuentran alcanzados por conciliaciones obligatorias, esto no impidió la acción de visibilización.
En una conferencia de prensa posterior a la asamblea, los dirigentes lanzaron duras críticas. Edgardo Llano, secretario general de APA, calificó al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como “bestias salvajes” y alertó sobre una posible “catástrofe aérea” si no se revierten las medidas. “Esto va mucho más allá del salario: se está desmantelando el sistema de control aéreo”, advirtió, y remarcó que no interrumpirán vuelos porque “el turismo ya cayó un 50%”.
Por su parte, Roberto Fernández, dirigente de UPSA, apuntó contra el riesgo de pérdida de control estatal sobre la actividad aérea: “La Argentina perdió el control sobre quién vuela, qué experiencia tienen los pilotos o qué preparación tienen los técnicos. Así, el país se convierte en un ‘boccato di cardinale’ para el narcotráfico”, ironizó, en alusión a los escasos requisitos actuales para habilitar un operador aéreo.
Entre los puntos más cuestionados del DNU figuran la extensión del tope de horas de vuelo (de 8 a 10 diarias y de 800 a 1.000 anuales), la reducción del descanso semanal obligatorio, un recorte en el régimen de licencias y la exclusión del tiempo de traslado y espera como parte de la jornada laboral. Los gremios advierten que estas medidas no solo implican un deterioro en las condiciones laborales, sino que además comprometen la seguridad operacional.
La situación se da en un contexto de conflictividad creciente. ATE ANAC denunció más de 100 despidos en el organismo desde el inicio de la gestión actual, mientras que los trabajadores de Atepsa aseguran que sus salarios están congelados desde agosto de 2024. En tanto, los sindicatos presentaron una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alertando sobre el impacto que puede tener la desregulación en la seguridad aérea y los derechos laborales.
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Bajo conciliación obligatoria, Atepsa también mantiene su reclamo sin posibilidad de paro. Sin embargo, Paola Barrita, referente del gremio, advirtió que se trató de una maniobra para dilatar el conflicto en plena temporada invernal. “Tenemos despidos desde abril y nos dictaron conciliación en mayo. Ya pasaron diez días y ni siquiera propusieron una audiencia. Si no hay respuesta en agosto, vamos a tomar medidas”, aseguró. La fecha límite para la conciliación vence el 15 de agosto, justo antes de un fin de semana largo.
“Garantizar la paz social es responsabilidad del Gobierno, y eso se logra con diálogo, no con maniobras dilatorias”, concluyó el titular de ATE, en sintonía con los demás dirigentes. Aunque la jornada del lunes no alteró la actividad aérea, los sindicatos dejaron en claro que el conflicto continúa abierto y que, de no haber respuestas, podrían intensificar sus medidas una vez terminadas las vacaciones de invierno.
