La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó al gobierno de Javier Milei que modifique el decreto por el que habilitó a las empresas prestadoras del servicio de agua potable a interrumpir el suministro por falta de pago, al considerarla una medida “inconstitucional e irrazonable”.
El pedido del organismo que conduce Guido Lorenzino se dio como respuesta al DNU que introdujo cambios sustanciales en la regulación del servicio que presta AySA, en el marco del férreo interés de la gestión libertaria por privatizar a la empresa estatal.
Entre otras modificaciones del decreto, se permite a la empresa interrumpir el suministro luego de 60 días de atraso en el pago desde el segundo vencimiento, cuando antes sólo se producía una restricción parcial.
“Una decisión inconstitucional e irrazonable”
“Estamos ante una decisión inconstitucional e irrazonable, ya que existen alternativas menos perjudiciales para garantizar la continuidad de este servicio público esencial. De aplicarse, afectaría profundamente los derechos humanos de las y los habitantes de la Provincia”, indicó Guido Lorenzino.
Además, la Defensoría le recomendó al Ministerio de Economía de la Nación, al Órgano de Contralor (ERAS) y a AySA que hasta tanto se produzca esta modificación en el decreto “se abstengan de implementar los cortes totales del servicio”.
En su postura, el organismo considera al suministro del agua potable y cloacas como un derecho humano esencial.
Además, indicaron que este tipo de modificaciones no debe hacerse por DNU sino mediante una ley, y que tanto el Estado como las empresas públicas o privadas deben garantizar el contenido mínimo esencial del agua, incluso frente a la falta de pago.
