El Gobierno Nacional mandó al Congreso un proyecto de ley que busca modificar varios aspectos regulatorios del sector energético. La reducción del régimen conocido como Zona Fría es apenas uno de los cambios incluidos, pero también quedan en jaque cooperativas eléctricas, proyectos de inversión en energías renovables y, por supuesto, los usuarios. En la provincia de Buenos Aires ya levantan la guardia.
Este lunes, el subsecretario de Energía provincial, Gastón Ghioni, participó de una conferencia de prensa en la que explicó los alcances y las consecuencias de este paquete de modificaciones. “Es una ley que busca, una vez más, pegarle fuerte no a Axel Kicillof, no al gobierno, sino a los bonaerenses“, avisó.
A lo largo de su exposición, el funcionario se refirió al régimen de Zona Fría, a la deuda con CAMMESA, a las tarifas, al fondo compensador de la Provincia y a la promoción de las energías renovables, todos aspectos afectados por los cambios que propone la administración libertaria. Según Ghioni, este paquete es una continuidad de la Ley Bases.
“El Gobierno Nacional fue claro en lo que quería hacer: avanzar en la desregulación del sector, la privatización de las empresas públicas y quitar la prioridad del abastecimiento interno“, detalló.
El paquete energético libertario bajo la lupa bonaerense
Respecto del régimen de tarifas diferenciales conocido como Zona Fría, Ghioni explicó que la intención del Gobierno Nacional es anular la ampliación y dejar a unos 95 municipios de la provincia de Buenos Aires afuera. Además, aquellos que queden incluidos van a tener menos subsidios porque “ahora lo que se subsidiaría es el 50% del precio del gas, dejando afuera el transporte, distribución y todo el resto de los componentes“.
Otro punto crítico del proyecto que debe tratar el Poder Legislativo tiene que ver con la deuda de las distribuidoras de energía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Ghioni se mostró de acuerdo con la idea, pero marcó la importancia de “hacer las cuentas bien claras para definir activos y pasivos regulatorios”.
Para él, lo más grave de este capítulo es que en un artículo se prohíbe expresamente incorporar conceptos ajenos al servicio en la factura final que pagan los usuarios. El Gobierno Nacional ya había intentado imponer esto con una Resolución que luego la Justicia dejó sin efecto y ahora quiere hacerlo por Ley. El funcionario bonaerense explicó que “es inconstitucional y es un avasallamiento sobre la propia jurisdicción” porque las provincias son las que tienen la facultad de definir sus tarifas.
Una de las consecuencias inmediatas de esa prohibición sería la eliminación del fondo compensador tarifario que, según Ghioni, “es un ejemplo a nivel nacional”. Este recurso financiado por los usuarios se usa para abastecer de recursos a las cooperativas eléctricas de pequeñas localidades que no podrían brindar el servicio solo con lo que recaudan.
Para graficar la gravedad de esta situación, el funcionario estimó que “si los usuarios tuvieran que pagar una tarifa que pueda operar y mantener esas líneas capaz tenés que tener una tarifa 5 veces mayor que la de una localidad vecina”. De todas maneras, Ghioni anticipó que van a recurrir a la Justicia de ser necesario porque “no es constitucional”. “La autoridad ante las distribuidoras y cooperativas somos nosotros”, remarcó.
Respecto de la prórroga de la promoción a las inversiones en energías renovables, Ghioni también puso sus reparos. “Queremos apoyar, pero necesitamos que el sector de energías renovables y eólico a nivel país pueda empezar a generar trabajo y valor agregado local“, indicó. Este pedido viene a cuento de que actualmente se está importando casi todo el material necesario para, por ejemplo, montar un molino eólico. “Hoy llegamos al extremo de que ya se están importando desde china hasta las torres”, afirmó Ghioni.
Para cerrar, el subsecretario de Energía contó que el proyecto de ley habilita el traspaso automático de los costos a las tarifas. “Esto es que cualquier aumento en los precios, sea por un vaivén en la economía o en el sector energético a nivel internacional o una devaluación, pueda volcarse en tarifas”, precisó.
Según el funcionario esto tendría consecuencias graves para los hogares, pero también para los sectores productivos. De hecho, algo similar está pasando con el aumento de los combustibles, que ronda el 20%, en el marco de un conflicto internacional que disparó el valor del petróleo. Ante esto, Ghioni rechazó la idea de “quitarle al Estado un mecanismo para amortiguar estos vaivenes”.
