La primera jornada del juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner tuvo lugar ayer martes en Comodoro Py, sin embargo el Poder Ejecutivo nacional se niega a entregar las pruebas que pide la defensa. Así lo informó el abogado Carlos Beraldi mediante un comunicado de prensa.
La expresidenta se enfrenta a la acusación de haber encabezado una asociación ilícita para direccionar obra pública santacruceña en favor de las empresas de Lázaro Báez. Para demostrar que esta acusación es falsa, la defensa de CFK pidió hace ya casi un año que se requirieran al Poder Ejecutivo de la Nación todos los actos de gobierno por los cuales se reasignaron partidas presupuestarias.
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“Ello permitiría demostrar que la ex Presidenta de la Nación jamás favoreció a las empresas de Báez y que las reasignaciones de partidas tenían carácter general, representado ello una facultad administrativa que desarrollan habitualmente todos los gobiernos”, explica Beraldi.
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El Tribunal Oral encomendó la tarea de búsqueda a la defensa “ya que se presumía que todos estos actos eran de acceso público”. Según detalla el escrito del abogado, después de tres meses de trabajo y de recopilar una gran cantidad de información, la defensa le informó al Tribunal que distintos organismos oficiales no permitían acceder a sus bases de datos.
“En consecuencia, el Tribunal Oral, ante esta situación le requirió al Poder Ejecutivo de la Nación, en reiteradas oportunidades, que aportara la documentación necesaria para iniciar este juicio. Agotadas las instancias administrativas inferiores, el Tribunal Oral le solicitó al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Sr. Marcos Peña Braun, que remitiera todos los actos de gobierno antes mencionados”, sigue.
Pese a todas las instancias transitadas y a que las audiencias ya comenzaron, “Peña Braun aún no cumplió con la remisión de la documentación que le fue reclamada hace ya más de un mes”:
El Tribunal Oral actuó de oficio y le solicitó al Jefe de Gabinete:
-La totalidad de las resoluciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación suscriptas por su titular entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 a través de las cuales se ampliaron y/o modificaron las partidas presupuestarias establecidas en las leyes de presupuesto previstas para los ejercicios 2004 a 2015.
-La totalidad de las resoluciones de la Dirección Nacional de Vialidad entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 a través de las cuales se ampliaron y/o modificaron las partidas presupuestarias establecidas en las leyes de presupuesto previstas para los ejercicios 2004 a 2015.
-La totalidad de los Actos Administrativos a través de los cuales la Secretaría de Obra Pública, la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal (ambas dependientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y cualquier otro organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, asignaron fondos del fideicomiso creado por el Decreto 976/01 para cualquier cumplimiento de fines específicos. En caso de no poder efectuarse esta discriminación, deberá remitirse la totalidad de los actos suscriptos en el período, por la DNV y todas las Secretarías y Subsecretarías dependientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación suscriptas en el período.
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