Luego de enviar el proyecto de Ley Ómnibus con impotantes reformas en el Código Civil y Comercial, el presidente Javier Milei continúa sumando rechazos de diferentes sectores políticos a su intención de llevar adelante una “amplia reforma del Estado”. En la jornada de hoy, un grupo de juristas publicó una Carta Abierta en la que se oponen a las modificaciones.
La misiva fue impulsada por Aida Kemelmajer y Marisa Herrera, y lleva la firma de más de cien juristas, entre ellos el titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Gil Lavedra. La misma se titula “no a la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación mediante leyes ómnibus”.
La misma comienza señalando que “en nuestro carácter de profesores, docentes e integrantes del ámbito académico jurídico de todo el país, venimos a expresar nuestro rechazo al proyecto de Ley ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ en cuanto pretende introducir modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, sistema normativo que rige la vida cotidiana de las personas en sus relaciones civiles y comerciales”.
Y realiza fuertes críticas a la presentación ‘express’ de reformas a leyes y normas que llevaron un extenso trabajo y debate público; como por ejemplo las normas relacionadas a la salud mental, al divorcio, a los contratos y a la responsabilidad civil. En el caso puntual del divorcio, recordaron que se sometió a un fuerte debate académico que incluyó 15 audiencias públicas antes de la redacción del anteproyecto.
Según la opinión de los juristas, no hay necesidad de modificar el Código Civil y Comercial ya que “no ha generado fuertes polémicas o debates prácticos durante su vigencia; por el contrario, ha brindado seguridad jurídica, respondido a las diversas y dinámicas realidades sociales y, principalmente, ha permitido resolver los conflictos jurídicos sobre la base de las nociones de autonomía, libertad, prevención, solidaridad y responsabilidad, por destacar algunos de sus cimientos más importantes”
Para los abogados, las reformas que pretende implementar la Ley Ómnibus generarían un nuevo foco de conflicto interpretativo con la consecuente inseguridad jurídica que acarrea su reinterpretación por parte de los operadores jurídicos y no jurídicos, y el innegable perjuicio para las personas destinatarias de las normas”, y cuestionaron que la modificación de las normas civiles vayan a tener un impacto en los problemas de nuestro país.
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El Ejecutivo redujo en $100.000 millones la asistencia prevista tras las inundaciones de marzo, dejando a Bahía Blanca con la mitad del fondo original.
“A 40 años de democracia, promover debates legislativos serios y profundos es no sólo una obligación ética, sino una manda constitucional-convencional en beneficio ‘de la libertad para todos los habitantes de la Nación'”, concluyeron los juristas.
Algunas de las firmas de la Carta Abierta son: Alfredo Kraut, Adriana Dreyzin, Sandra Wierzba, Carolina Duprat, Sebastián Barocelli, Sandra Frustagli, José Cárdenas, Agustina Palacios, María Graciela Iglesias, Nieve Rubaja, Natalia de la Torre, Ana Peracca, Nicolás Giraudo Esquivo, Mariano Armando Andruet, Daniel Moeremans, Lidia Vignola, Mercedes Surraco, Aldana Carbonari y Patricia Fernández de Andreani.
