El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, defendió el rol del IOMA y cuestionó a la oposición al advertir que la salud “no es arena para rencillas políticas”, en medio de críticas por el funcionamiento de la obra social.
Durante la conferencia de prensa de los lunes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el funcionario apuntó contra lo que calificó como “manipulación y mentira cotidiana” en torno al sistema sanitario y reclamó “seriedad y responsabilidad” en el debate público.
Sistema de salud “en tensión” y críticas al esquema nacional
Kreplak sostuvo que “es imposible pensar al sistema de salud solamente desde un efector o desde un financiador” y remarcó que cualquier decisión tomada por organismos como el PAMI, la Superintendencia o el Ministerio de Salud nacional “afecta a todo el sistema”.
En ese sentido, describió un escenario de fuerte presión sobre las obras sociales y el sistema de seguridad social. Señaló que el 65% de la población cuenta con cobertura de obra social y que este esquema constituye la principal fuente de financiamiento sanitario, complementado por el sector público.
Según expuso, la caída del empleo formal impactó directamente en la sustentabilidad del sistema. “Hemos tenido una pérdida de más de 300 mil puestos de trabajo formales”, afirmó, al tiempo que advirtió que 742.000 personas perdieron su obra social o prepaga y que se cerraron 300 empresas del sector.
También citó un informe de la CGT que indica que “el 80% de las obras sociales no recaudan lo suficiente para pagar los costos mínimos de funcionamiento”, lo que graficó como un cuadro de “desfinanciamiento estructural”.
IOMA, cobertura ampliada y presión sobre el sistema
En paralelo, atribuyó el deterioro a la desregulación de precios de insumos médicos y medicamentos, que —según dijo— crecieron por encima de la inflación, junto con la liberación de copagos y el aumento del gasto de bolsillo de los usuarios.
En ese marco, incluyó críticas al sistema nacional y al PAMI, al señalar que también atraviesan un proceso de desfinanciamiento. Además, denunció que las obras sociales mantienen una deuda superior a los 90 mil millones de pesos con el sistema público bonaerense.
Sobre la situación particular del IOMA, Kreplak aseguró que la obra social provincial debió ampliar su cobertura en un contexto de mayor demanda. “Con la misma población hoy el IOMA entrega 11% más de medicamentos”, indicó, al explicar que hubo un crecimiento de la demanda producto de la pérdida de otras coberturas.
El ministro también cuestionó el funcionamiento del esquema de aportes de la seguridad social y afirmó que parte de los recursos de trabajadores con mayores salarios en el sistema privado “se van al sistema de lucro del sector privado”, en detrimento del financiamiento solidario.
En comparación con otras jurisdicciones, sostuvo que el IOMA presenta un esquema de financiamiento más bajo que otras obras sociales provinciales, y detalló que los aportes representan el 9,6% del salario bruto entre trabajador y empleador.
Asimismo, señaló que el sistema bonaerense subsidia desequilibrios en el nivel municipal, al advertir que los aportes de empleados comunales son inferiores a los costos que generan. Según precisó, esa diferencia implica un subsidio provincial de alrededor de 10 mil millones de pesos mensuales.
Aumento de la demanda y reclamo por “barreras de acceso”
Kreplak también remarcó un aumento del 37% en consultas médicas y prácticas desde el inicio del actual gobierno nacional, en un contexto de mismos recursos. Atribuyó ese incremento al uso de policonsultorios y teleconsultas, y a la eliminación de copagos en algunos casos.
En ese punto, también se refirió a las tensiones financieras con los municipios y señaló que los aportes de los trabajadores municipales resultan inferiores a los costos de las prestaciones que generan.
Según planteó, esa brecha deriva en un subsidio de la Provincia de alrededor de 10 mil millones de pesos mensuales, lo que genera un desbalance que el sistema provincial debe absorber.
Por último, advirtió sobre prácticas que afectan el acceso a la salud en algunos distritos, como el cobro de aranceles por fuera de la cobertura de la obra social, lo que calificó como una “barrera de acceso grave”.
“Insto nuevamente a tomarse con seriedad la salud de la población. No podemos permitirnos operaciones políticas porque hay intereses económicos detrás”, concluyó.
