El empleo público atraviesa una encrucijada histórica en la Argentina. La convergencia entre las políticas de recorte estatal, las transformaciones tecnológicas aceleradas tras la pandemia y los debates sobre la reconfiguración del trabajo ha puesto en tensión la labor del Estado. En este panorama, las organizaciones sindicales se debaten entre la necesidad inmediata de contener la pérdida de derechos ante las reformas legislativas y la urgencia de proyectar herramientas jurídicas acordes a los paradigmas laborales del siglo XXI.
Al analizar la coyuntura del sector, Eliana Aguirre, secretaria adjunta de ATE Buenos Aires, en diálogo con Lado P por Infocielo Play, caracterizó el momento político al afirmar que “estamos transitando un gobierno fascista, de ultraderecha, que llega por el voto popular”. Para la dirigente gremial, el fondo de la denominada “batalla cultural” no reside en descalificar la elección democrática, sino en asumir “todo lo que la democracia no ha resuelto para nuestra gente” en materia de pobreza y desocupación tras cuatro décadas. Asimismo, advirtió sobre la construcción de discursos mediáticos que alimentan la fragmentación social y promueven una lógica individualista de la vida comunitaria.
Frente a este desgaste del empleo público en la opinión pública, el gremio resolvió relanzar la campaña “Mi trabajo son tus derechos”. La iniciativa busca reinstalar la premisa de que no existe política pública garantizada para las mayorías sin la presencia activa de los trabajadores estatales. Según destacó la referente sindical, en áreas sensibles como la salud o la educación existen lazos comunitarios consolidados: “Cuando hay que defender un hospital o una escuela, sale la comunidad, salen los pacientes, las familias; ahí hay un lazo que se quiere romper”.
Otro de los ejes centrales expresados por la dirigencia es la dispersión del reclamo social ante la crisis socioeconómica. A pesar de las constantes manifestaciones de sectores universitarios, de la salud, jubilados y personas en situación de discapacidad, la secretaria adjunta reconoció que “aún no nos hemos podido juntar todos y todas” en una sola convocatoria coordinada. En esa línea, planteó como un objetivo de la organización sindical que una hipotética visita del Papa Francisco a la Argentina se traduzca en una “rebelión popular” en las calles, un hito pacífico pero masivo que exprese las demandas contra “la precarización, el hambre y la concentración de riquezas”.
En el plano de las transformaciones tecnológicas, la acelerada incorporación de la inteligencia artificial, la salud digital y la automatización de procesos plantea debates cotidianos sobre la estabilidad y la reconversión de tareas. Aguirre cuestionó la ausencia de regulaciones por parte del Estado nacional —señalando incluso la falta de adhesión a normativas internacionales sobre trabajo en plataformas— y criticó el alcance de la reforma laboral derivada de la Ley Bases y el DNU 70/23. De acuerdo con su visión, estas legislaciones apuntan a una minoría del mercado laboral, ignorando el 60% de trabajo informal o precarizado que impera en el país.
A pesar de definir el contexto actual como un “tiempo de resistencia” donde las organizaciones luchan por “perder lo menos posible”, ATE Buenos Aires promueve una propuesta estructural para el ámbito subnacional. El gremio se encuentra negociando la redacción del primer Convenio Colectivo de Trabajo general para los estatales de la provincia de Buenos Aires, con la meta de alcanzar su aprobación antes de que finalice el segundo mandato del gobernador Axel Kicillof. El proyecto busca reemplazar o subsanar los vacíos de leyes consideradas obsoletas (como la 10.430 y la 10.471), regulando las carreras administrativas, los concursos públicos y la adaptación del empleo estatal a los nuevos desafíos tecnológicos y sociales.
