Desatando una polémica sin precedentes, el Gobierno de Javier Milei tildó de “idiotas”, “imbéciles” y “débiles mentales” a personas con discapacidad en un documento oficial.
Se trata de un hecho que disparó una ola de indignación y repudio a nivel nacional e internacional. El Gobierno está siendo señalado por utilizar términos denigrantes y ofensivos para referirse a personas con discapacidad en un documento oficial.
La Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la dirección de Diego Spagnuolo —abogado personal del presidente Javier Milei—, es el epicentro de esta controversia al publicar la Resolución 187/2025.
Allí se clasifica a las personas con discapacidad intelectual bajo términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, basándose en su coeficiente intelectual (CI).
Este lenguaje, que parece sacado de un manual de psiquiatría obsoleto de principios del siglo XX, está siendo calificado como inaceptable, porque representa un retroceso alarmante en materia de derechos humanos.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Argentina, establece claramente que “toda persona con discapacidad debe ser tratada con dignidad y respeto”. Este documento oficial viola de manera flagrante esas prerrogativas.
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Un lenguaje que deshumaniza
El anexo del documento en cuestión detalla una clasificación que divide a las personas con discapacidad intelectual en tres categorías según su CI:
- 0-30 (idiota): Se describe a estas personas como incapaces de leer, escribir, controlar esfínteres o atender sus necesidades básicas.
- 30-50 (imbécil): Se afirma que pueden realizar tareas rudimentarias pero no leer ni escribir.
- 50-60 (débil mental profundo): Se les atribuye un vocabulario simple y la capacidad de realizar tareas básicas, pero sin manejo del dinero.
Estas definiciones, además de ser científicamente obsoletas, perpetúan estereotipos dañinos y reducen a las personas con discapacidad a meras categorías deshumanizantes.
Lo más grave es que este lenguaje refleja una preocupante y ofensiva falta de sensibilidad. Además muestra un desconocimiento profundo de los avances en materia de inclusión y derechos humanos.
Repudio internacional y la voz del catedrático vasco
La polémica trasciende las fronteras del país, y llegó a oídos de expertos y activistas en todo el mundo.
Desde el País Vasco, en España, el catedrático Julen Bollain Urbieta, doctor en Estudios sobre Desarrollo y economista de la Universidad de Mondragón, es una de las voces más críticas. En un contundente mensaje en redes sociales, Bollain afirmó:
“El gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’. Esto no solo es una violación de los acuerdos internacionales contra la discriminación, sino una barbaridad que nos retrotrae a épocas oscuras de la historia“.
Bollain, especializado en estudios sobre desarrollo y renta básica, destacó que este tipo de clasificaciones además de ser ofensivas, lo único que consiguen es perpetuar la exclusión social y económica de las personas con discapacidad.
“En pleno siglo XXI, es inaceptable que se utilice un lenguaje que deshumaniza y estigmatiza a quienes ya enfrentan múltiples barreras en su vida diaria“, añadió.
Un retroceso histórico
Lo más preocupante de esta situación es que Argentina había avanzado significativamente en materia de inclusión y derechos de las personas con discapacidad.
En 1997, se reconoció que la discapacidad no es un impedimento para trabajar, pero que las personas con discapacidad enfrentan barreras estructurales que requieren apoyo y políticas públicas adecuadas.
Este documento oficial ignora estos avances, y también representa un retroceso histórico en la lucha por la dignidad y la igualdad.
La responsabilidad del Gobierno
La responsabilidad de este escándalo recae directamente en la Agencia Nacional de Discapacidad y, por extensión, en el Gobierno de Javier Milei.
La utilización de un lenguaje tan despectivo y descalificatorio en un documento oficial constituye una falta de respeto hacia las personas con discapacidad, y muestra la poca consideración que se tiene hacia los derechos humanos básicos.
