La profunda crisis que atraviesa a la industria nacional repercute también en Granja Tres Arroyos (GTA) porque golpea con fuerza su estructura operativa en la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, la firma decidió avanzar con la suspensión temporaria de aproximadamente 200 empleados en su planta ubicada en la localidad de La Lonja, partido de Pilar.
Esta medida, que tendrá una vigencia inicial de 180 días, busca mitigar el impacto financiero de un escenario económico que los empresarios del sector califican como crítico y apocalíptico.
Esquema de suspensiones y pagos
El plan de ajuste implementado en la planta de Pilar establece que el personal trabaje únicamente dos o tres días por semana.
Por las jornadas no laboradas, los empleados percibirán solo el 50% del salario correspondiente, bajo una modalidad de pago en cuotas que ya se venía aplicando desde hace más de un año.
Esta situación está generando un profundo malestar y una sensación de desamparo entre los trabajadores, quienes manifestaron sentirse “a la deriva” ante la falta de respuestas gremiales contundentes.
A pesar del panorama general de parálisis, se informa que un pequeño grupo de aproximadamente 40 operarios pertenecientes al sector de productos rebozados continúa desempeñándose de manera normal por el momento.
No obstante, la incertidumbre en Pilar ya en enero de este año, tuvo a los trabajadores de dicha planta protagonizando un paro tras rechazar una propuesta de pago de deudas salariales en cinco cuotas.
Causas de la debacle industrial
El origen de esta situación, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto de las sedes de la compañía (por ejemplo la de Concepción del Uruguay de Entre Ríos), responde a factores mayormente externos pero también internos.
La empresa no logra recuperar el mercado chino tras el brote de gripe aviar en 2023, lo que representó una pérdida de 160 millones de dólares para el sector exportador nacional.
Para Granja Tres Arroyos, esto implicó una reducción drástica en sus niveles de exportación, pasando de colocar el 33% de su producción en el exterior a apenas un 25%.
A este escenario se suma la creciente competencia del pollo importado de Brasil, que ingresa al país con precios más bajos y gana terreno en supermercados locales.
Los costos operativos y las elevadas tarifas energéticas están asfixiado los márgenes de rentabilidad de la firma. Con más de 450 puestos de trabajo en riesgo a nivel nacional, la planta de Pilar se convierte, entonces, en uno de los epicentros de un conflicto que amenaza la estabilidad de cientos de familias.
