Una declaración de Axel Kicillof generó controversias este sábado, cuando varios medios de comunicación aseguraron que el gobernador de la provincia había comparado a los countries y barrios privados con las “tomas de tierra”. La frase exacta de Kicillof fue en referencia a que “la mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos”, por lo que –consideró el mandatario bonaerense- “son prácticamente ocupaciones de tierra”.
La comparación no fue inocente si se tiene en cuenta que por estas horas corre una prórroga judicial para que el gobierno de la provincia gane tiempo y pueda resolver el conflicto con la toma de Guernica, en donde más de 1.400 familias se encuentran a la espera de lograr acceder a un pedazo de tierra en donde vivir.
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Pero el titular de la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), Cristian Girard, agregó un dato que puso de manifiesto que –en cuestión- los barrios privados que no tienen habilitación correspondiente, no pagan impuestos y le generan un costo millonario para las arcas de las provincia.
Para Girard, “no tiene sentido pensar que Kicillof ataca a los bonaerenses que viven en countries” y respaldó al gobernador, asegurando que en realidad “estaba hablando del uso de la tierras y de la creación de una unidad de hábitat y vivienda en la provincia como forma de dar respuesta a una problemática que se expresa en la toma de Guernica pero también en cuestiones como el desarrollo de urbanizaciones cerradas”.
“Plantearlo como un ‘ellos o nosotros’ es parte de la lógica política de una oposición que está en ‘modo oposición full’ en un contexto muy delicado, como el que estamos viviendo”, consideró Girard, que dejó sobre la mesa un dato fundamental para comprender por qué Kicillof también hizo hincapié en los barrios privados.
Según el titular de la Agencia de Recaudación bonaerense, en la provincia hay un total de 871 barrios cerrados, de los cuales “un 25% (230) no está registrado formalmente, por lo que no paga los impuestos correspondientes”.
De esta forma, el gobierno de la provincia se priva de contar como mínimo, de al menos 1.500 millones de pesos al año para el fisco bonaerense. Un ingreso que bien podría ayudar a resolver problemas habitacionales en el territorio bonaerense, hoy de nuevo impactado por el fantasma de las tomas.
En ese sentido, Girard contó que desde ARBA se realizan inspecciones oculares presenciales sobre esas urbanizaciones cerradas, luego se les cursan notificaciones e intimaciones, y “ahí avanza el trámite, que muchas veces termina judicializado porque los desarrolladores eligen no pagar”.
Al respecto, Girard dijo que también la fiscalización satelital permite al organismo recaudador detectar metros cuadrados construidos no declarados.
“Ahí tenemos unos 200 millones de pesos de evasión de metros no declarados ante ARBA. Sobre eso, notificamos, determinamos de oficio y se va poniendo en regla. Vamos avanzando, pero todavía falta”, enfatizó el funcionario.
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