El intento del Gobierno Nacional de avanzar en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) sumó un nuevo capítulo de rechazo desde el Congreso. El bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) presentó un proyecto de declaración en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N.º 494/2025, al considerar que la medida vulnera acuerdos vigentes y debilita el control público sobre un servicio esencial.
La iniciativa parlamentaria fue impulsada por las diputadas Sabrina Selva y Victoria Tolosa Paz, y acompañada por el presidente del bloque, Germán Martínez, junto a más de una veintena de legisladores como Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés, Leandro Santoro, Paula Penacca, Carlos Castagneto, Roxana Monzón, Marcela Passo y Ramiro Gutiérrez.
El DNU en cuestión habilita la privatización total de AySA mediante la venta del 90 % de las acciones que actualmente pertenecen al Estado Nacional. Desde UxP denuncian que esta decisión “modifica sustancialmente el marco legal” y desarma disposiciones centrales del Decreto 304/2006, ratificado por la Ley 26.100, que garantizaban la mayoría estatal en la empresa y el carácter intransferible de sus acciones.
Críticas por inconstitucionalidad y riesgos para el servicio
“Este decreto, lejos de reunir los presupuestos constitucionales que habilitan el dictado de normas por fuera del trámite legislativo ordinario, constituye un fraude a la ley suprema“, afirman los fundamentos del proyecto. Según los legisladores, no existe ninguna “circunstancia excepcional ni sobreviniente” que justifique la utilización de un DNU en este caso, y advierten que se trata de una medida “orientada a desguazar las condiciones de control público sobre un servicio esencial como el agua potable y el saneamiento”.
Para el bloque opositor, el objetivo real del decreto es “habilitar la enajenación de las acciones en manos del Estado Nacional”, lo que implicaría un “doble efecto de altísima gravedad institucional”: la posible transferencia de una empresa estratégica a intereses extranjeros y la obtención de fondos de corto plazo para sostener políticas económicas regresivas.
El texto también remarca la falta de argumentos vinculados a una mejora del servicio: “El fraude en los fundamentos del decreto se hace evidente: no hay una sola justificación vinculada con la mejora del servicio de agua y saneamiento, sino únicamente una necesidad financiera y un alineamiento con intereses de privatización sin debate parlamentario”.
Finalmente, UxP advierte que la privatización podría habilitar “cortes por falta de pago”, eliminar la previsibilidad tarifaria y atentar contra el principio de tarifas justas y razonables, consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Además, remarcan que el DNU implica “la revocación unilateral” del Convenio Tripartito entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ratificado por el Congreso mediante la Ley 26.221.
