La crisis de Flybondi sumó un nuevo capítulo judicial y financiero. La Justicia federal ordenó embargos generales sobre las cuentas bancarias de la aerolínea por una deuda impositiva reclamada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mientras la compañía acumula salarios impagos, indemnizaciones pendientes, conflictos con proveedores y una fuerte caída de su capacidad operativa.
Los expedientes de ejecución fiscal fueron iniciados el 11 de agosto ante juzgados federales de la Ciudad de Buenos Aires y contemplan, en al menos cinco causas, un capital adeudado de alrededor de $1.525 millones. Con el 15% adicional establecido para cubrir intereses y costas judiciales, el monto alcanzado por las medidas cautelares ronda los $1.754 millones.
La mayor parte de la deuda corresponde a retenciones del impuesto a las Ganancias, por más de $915 millones. También aparecen más de $207 millones vinculados con retenciones del IVA y unos $133 millones correspondientes a Bienes Personales, por períodos acumulados entre marzo y junio de este año.
El dato más delicado es que una parte importante de las obligaciones reclamadas corresponde a impuestos que la propia empresa había retenido o percibido y que luego debía ingresar al fisco.
La Justicia autorizó el embargo general de cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos e inversiones, además de disponer la inhibición general de bienes para impedir la transferencia de determinados activos, como inmuebles y vehículos. La medida, sin embargo, fue más limitada que la solicitada inicialmente por ARCA, ya que quedaron excluidas las cajas de seguridad y los fondos correspondientes a haberes jubilatorios.
Flybondi dispone de cinco días hábiles para presentar las excepciones legales correspondientes antes de que puedan efectivizarse las transferencias automáticas de los fondos embargados hacia las cuentas recaudadoras del Estado.
Una crisis que ya golpea a los trabajadores
El frente fiscal se suma a una situación laboral cada vez más complicada. La empresa adeuda los salarios correspondientes a junio y julio y tampoco abonó el medio aguinaldo a parte de los trabajadores que continúan en relación de dependencia.
A esto se agrega la situación de más de 700 exempleados, que llevan más de tres meses esperando el pago de indemnizaciones y otros compromisos derivados de despidos o acuerdos de retiro voluntario homologados ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo).
El conflicto se agravó el 6 de agosto, cuando la falta de pago de aportes patronales derivó en la interrupción de coberturas de obra social y medicina prepaga para trabajadores activos y desvinculados. La situación dejó afectados tratamientos y controles médicos de personas que dependían de esas prestaciones.
En paralelo, los extrabajadores comenzaron a impulsar acciones contra COC Global Enterprise, el grupo empresario perteneciente a Leonardo Scatturice, que tomó el control de la aerolínea en junio de 2025.
Menos aviones, más cancelaciones
La crisis financiera también empezó a traducirse de manera directa en el funcionamiento de la compañía. YPF dejó de suministrarle combustible bajo la modalidad de cuenta corriente y pasó a exigir el pago anticipado, mientras que propietarios de aeronaves alquiladas restringieron su utilización ante las deudas vinculadas con contratos de leasing.
Como consecuencia, la flota disponible quedó reducida a niveles mínimos. Actualmente Flybondi cuenta con cinco aviones en el país, pero solamente dos estarían en condiciones de operar.
Los números de los últimos meses muestran el derrumbe de la programación. En junio estaban previstos 2.626 vuelos y la empresa concretó apenas 803, mientras que 1.823 fueron cancelados. El nivel de cumplimiento quedó así en apenas 30,6%. En julio el panorama fue todavía peor: de los 427 servicios programados, solamente se realizaron 23, equivalente a un cumplimiento del 5,4%.
La situación incluso provocó restricciones en Brasil. La autoridad aeronáutica de ese país limitó la comercialización de pasajes de Flybondi hacia Florianópolis, Maceió y Salvador luego de constatar que la compañía había cancelado cerca del 79% de los vuelos programados hacia ese mercado entre el 1° y el 27 de julio.
Pedidos de quiebra y el fantasma del concurso preventivo
El deterioro de la situación financiera también llegó a los tribunales comerciales. Flybondi acumula reclamos de distintos organismos y empresas vinculadas con la actividad aeronáutica, entre ellos ANAC, EANA, Aeropuertos Argentina e Intercargo, además de deudas con proveedores privados.
En la Justicia Comercial ya fueron presentados pedidos de quiebra por parte de acreedores. Hasta el momento, sin embargo, no existe una declaración de quiebra contra la aerolínea.
En este escenario comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que la compañía solicite un concurso preventivo de acreedores. Se trata de una herramienta que permitiría ordenar judicialmente el pasivo y negociar con trabajadores, proveedores y demás acreedores para intentar evitar una eventual quiebra. Por ahora, esa alternativa no fue confirmada oficialmente por la empresa.
El contraste con el modelo que celebraba Milei
La situación de Flybondi también expone una contradicción política difícil de pasar por alto. La aerolínea fue durante años una de las empresas privadas utilizadas por Javier Milei como ejemplo de los beneficios de la competencia y de la apertura del mercado aerocomercial.
En su defensa del sector privado y en sus cuestionamientos a Aerolíneas Argentinas, el Presidente convirtió a las low cost en una de las banderas de su discurso contra la intervención estatal. La lógica era sencilla: menos Estado, más competencia y empresas privadas capaces de ofrecer servicios más eficientes y baratos.
Pero el caso Flybondi muestra la otra cara de ese modelo cuando una compañía privada entra en una crisis que termina afectando no solamente a sus accionistas, sino también a trabajadores, exempleados, proveedores, organismos estatales y pasajeros.
Porque el problema ya no se reduce a una empresa que atraviesa dificultades económicas. Hay salarios que no se pagan, indemnizaciones que se acumulan, impuestos retenidos que no llegan al Estado, proveedores que restringen servicios, aviones que dejan de operar y miles de pasajeros afectados por cancelaciones y reprogramaciones.
El punto no es que una empresa privada no pueda quebrar: justamente, el riesgo empresario forma parte del funcionamiento del mercado. La discusión aparece cuando, al mismo tiempo que se reivindica la ausencia de intervención estatal, los costos de una crisis empresarial terminan distribuyéndose entre trabajadores, consumidores y el propio Estado.
Así, la aerolínea que alguna vez fue presentada por el Gobierno como una muestra de las virtudes del mercado enfrenta hoy una situación crítica, con embargos millonarios, deudas fiscales y laborales, una flota reducida al mínimo y un nivel de cancelaciones que puso en duda su capacidad para sostener regularmente sus operaciones.
Mientras Flybondi continúa vendiendo pasajes para vuelos futuros y busca una salida financiera, el interrogante ya no pasa solamente por cuánto puede resistir la compañía, sino también por quién terminará pagando el costo de una crisis que se profundiza frente a los ojos de sus trabajadores, sus pasajeros, sus acreedores y el Estado.
