El Defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, y el Centro de Estduios Legales y Sociales (CELS) presentaron sus argumentos al respecto de la posibilidad de otorgar beneficios procesales a reclusos del Servicio Penitenciario incluidos entre los sectores de la población en riesgo frente al contagio de COVID 19.
Las presentaciones se llevaron a cabo en el marco de la decisión de la Suprema Corte bonaerense de admitir un recurso de queja elevado por el Fiscal ante casación, Carlos Altuve, y zanjar de esa manera la polémica iniciada por la supuesta liberación “indiscriminada” de presos.
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Ayer, a su turno, el procurador Julio Conte Grad había explicitado su rechazo a la medida, a pesar de que él mismo, como cabeza del Ministerio Público Fiscal, había dado el aval previamente. Hoy, tanto el Defensor como el CELS fueron en dirección opuesta.
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Coriolano sostuvo que que “no existe un caso de gravedad institucional ni tampoco se configura un cuadro de masivas libertades como sostiene el Procurador General”, según explicó mediante un comunicado. En su presentación, subrayó que no se indicaron “cifras reales el impacto que ha tenido la decisión de la Casación” y que los pedidos son “sistemáticamente rechazados por los jueces y objetados por los fiscales”.
A modo de ejemplo, citó el caso de Bahía Blanca donde señala que de 80 casos peticionados por la defensa pública, sólo se habían resuelto 7 y en 79 había expresa oposición del Ministerio Público Fiscal.
También marcó que la decisión de Casación deja margen de acción a los magistrados, que debán “analizar si el tipo de delito y los antecedentes sanitarios para corroborar si la persona pertenecía a un grupo de riesgo”. Incluso, sostiene que hasta en los casos de “delitos leves” se requería necesariamente de un juicio valorativo del juez de la causa.
Por otra parte, subrayó que la posición de la Procuración “genera una situación que afecta el normal funcionamiento de la defensa pública” y destacó que la ley de víctimas invocada tanto por Altuve como por Conte Grand “uun no fue sancionada por la legislatura bonaerense y que la interpretación de la ley nacional debe ser acorde al principio de legalidad”.
El CELS, por su parte, y tras un exhaustivo análisis de los antecedentes y del trabajo que realiza denunciando las condiciones de alojamiento de los presos de la Provincia, sostuvo que “la sentencia de de Tribunal de Casación penal cumple con los requisitos necesarios para responder con remedios concretos ante una situación de extrema gravedad y urgencia”.
También subrayó que respeta “la garantía de tutela judicial efectiva, por lo que debe ser confirmada” ya que incluso “estableció algunas reglas y criterios” que la propia corte puede definir, como por ejemplo las definiciones en torno a lo que constituye un delito leve o un delito grave.
Pero además hizo la reserva del “caso federal”, es decir la posibilidad de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que, sostuvo, “en la presente se encuentran en juego derechos y garantías fundamentales de todo Estado de Derecho, entre ellas, la vigencia efectiva del derecho de defensa en juicio, acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva”.
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