La formulación de un convenio colectivo de trabajo para los estatales de la provincia de Buenos Aires es un viejo anhelo de buena parte del arco sindical. Hoy, la buena sintonía entre la administración de Axel Kicillof y la dirigencia de ATE, permite especular con la posibilidad de archivar la vieja ley 10.430, que cumple 35 años.
“Lo impulsamos nosotros y fue una de las condiciones para el acuerdo partidario”, le dijeron a INFOCIELO desde ATE. El gremio que conduce Oscar De Isasi a nivel provincial se maneja con cautela, pero admiten que en el gobierno provincial “hay ganas de impulsarlo”. Su socia en la empresa es la ministra Mara Ruiz Malec, que tienen en su currículum su participación en el Instituto del Trabajo y la Economía, de la fundación Germán Abdala.
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Se estima que en la Provincia hay unos 600 mil estatales. Según datos del Presupuesto 2021, la planta permanente de la Administración Central quedó fijada en 348 mil y los de planta temporaria en 140 mil. Como ya explicó este portal, esa Ley empieza a invertir una tendencia que instaló el gobierno de María Eugenia Vidal: desde 2016 a la fecha, la planta permanente de trabajadores encuadrados en la ley 10.430 se “achicó” 36 mil cargos, es decir un 9.4 por ciento.
Hoy, todas las condiciones de trabajo (jornada, vacaciones, licencias, remuneraciones, deberes, etc.) de los agentes de la Provincia se regulan a través de estatutos. La Ley 10.430 es el general. Desde Trabajo explicaron a INFOCIELO que la eventual firma de un Convenio Colectivo tiene como ventaja que esas condiciones puedan ser reguladas por el resultado de las negociaciones entre el Estado y los gremios, más allá de que exista una ley.
Esas negociaciones comenzarán en marzo, según la propia Ministra admitió recientemente en una entrevista a LA CIELO. La instancia será eminentemente técnica: de un lado, representantes del Gobierno provincial, más precisamente el equipo del Ministerio de Trabajo; del otro, los cerebros de los principales gremios estatales.
La idea de sus impulsores es transformar en una realidad la vieja premisa de “jerarquizar el empleo público” y que los trabajadores dejen de ser “rehenes” de cada poder político. Implementar concursos, que haya monitoreo de calidad, formación, perfeccionamiento y perspectiva de género para terminar “democratizando las relaciones laborales”.
“Nosotros planteamos la carrera vertical pero también la horizontal. Que con el sólo hecho de hacer bien las cosas haya un estimulo económico, sin necesidad de ascender en la pirámide”, le dijeron a este portal desde ATE. Un problema que evalúa ese gremio es que las “jefaturas” se construyen por la pura ambición económica y acceden a posiciones de poder personas sin ambiciones ni dotes.
También promueven la inclusión de una “carrera administrativa” con un nuevo escalafón que haga “despegar” la pirámide salarial, que hoy parece achatada. “Desde la categoría 2 hasta la 19 no hay casi diferencias salariales, desde la 19 a la 24 sí, porque están hechas para los jefes”, razonan desde el mismo espacio.
El último antecedente de una discusión de este tipo fue en los tiempos de Felipe Solá, con la por entonces ministra de Trabajo, Claudia Bernazza. No prosperó. ¿Será 2021 el momento de cumplir lo que todos los Gobernadores prometen durante la campaña?
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