En la Argentina, la violencia doméstica sigue siendo una problemática urgente: en los primeros tres meses de 2025, las denuncias aumentaron un 9% respecto al mismo período del año anterior. La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia recibió 4.746 casos entre enero y marzo, lo que equivale a un promedio de 53 denuncias por día. Detrás de cada número, hay una persona que atraviesa una situación crítica y, cada vez más, se encuentra con un Estado que retrocede.
El 73% de las víctimas fueron mujeres, y el grupo más afectado corresponde a las adultas de entre 18 y 59 años. También se registró un 29% de niñas, niños y adolescentes víctimas, con una edad promedio de apenas 9 años. Incluso los varones representan una porción creciente: un 10% de las víctimas fueron hombres adultos, mientras que el 9% eran personas mayores de 60 años. Entre los 884 varones afectados, el 53% tenía menos de 18 años. Además, se identificaron cuatro personas de género no binario entre las víctimas.
Los vínculos entre denunciantes y denunciados reflejan un patrón persistente: en el 47% de los casos, la relación era de pareja o expareja. Le siguen los vínculos filiales (33%) y los fraternales (5%). Entre las parejas, el 74% correspondía a relaciones que ya habían finalizado.
En cuanto a los agresores, el 71% fueron varones, siendo el grupo más numeroso el de entre 22 y 49 años. Un dato alarmante: el 31% de las personas denunciadas tenía consumo problemático de alcohol, el 29% de sustancias psicoactivas y el 9% portaba armas. Además, el 2% pertenecía a fuerzas de seguridad.
Las formas de violencia más frecuentes fueron la psicológica (presente en el 95% de los casos), seguida de la física y la simbólica (44%), la ambiental (30%), la económica (26%) y la sexual (7%). También se registraron situaciones de violencia digital (4%).
Ajuste sin perspectiva de género
En medio de este escenario, la respuesta del Gobierno nacional ha sido recortar. Mediante la Resolución 466/2025, el Ministerio de Justicia eliminó dos herramientas fundamentales: el Programa Acercar Derechos y el Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad. Ambos fueron creados por el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y ofrecían asistencia directa y territorial a personas en situación de violencia.
El Gobierno, en sintonía con su política de “reorganización del Estado”, argumentó fallas administrativas y falta de resultados como motivo del cierre. Sin embargo, en lugar de corregir deficiencias, optó por desmantelar completamente los programas, sin proponer alternativas claras ni garantizar la continuidad de la atención. En palabras de la propia resolución, se busca una “reasignación de recursos” hacia iniciativas “verificables”, aunque sin especificar cuáles.
Este recorte no se produce en un vacío. Llega en un contexto en el que el propio presidente Javier Milei ha sostenido una narrativa hostil hacia el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres, descalificando públicamente a referentes como Lali Espósito o Julia Mengolini. Las políticas públicas con perspectiva de género son, bajo esta lógica, un blanco más de la motosierra ideológica.
Mientras tanto, en el territorio, la violencia no se detiene. En lo que va del año, la Justicia Nacional en lo Civil dictó al menos 8.694 medidas preventivas urgentes a partir de las denuncias recibidas por la OVD. Y cada vez más instituciones educativas se ven obligadas a intervenir: según Argentinos por la Educación, uno de cada tres directores de escuelas públicas debió actuar ante casos de violencia familiar.
La OVD continúa trabajando 24/7, con equipos interdisciplinarios que reciben denuncias, evalúan riesgos y derivan los casos. El 99% de las presentaciones fueron canalizadas hacia la Justicia Nacional en lo Civil, el 68% hacia el fuero penal porteño y el 27% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero los recursos son limitados. Sin programas nacionales que acompañen, muchas víctimas quedan aún más expuestas.
En nombre de una supuesta eficiencia administrativa, el Gobierno ha decidido retirar al Estado de uno de los frentes más sensibles: la lucha contra la violencia machista. Y en ese repliegue, deja un vacío que puede costar vidas.
