El ultimátum de la Provincia a las empresas de colectivos

A través de la Resolución 194/23, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires busca acelerar la instalación de cámaras de seguridad en los colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde hoy, las firmas que prestan el servicio tienen 30 días hábiles para darse de alta en el sistema de monitoreo que se puso en marcha tras el resonante asesinato de Daniel Barrientos que terminó con la agresión a Sergio Berni.

En abril de este año, el gobierno bonaerense se reunió con representantes de las empresas de colectivos y del sindicato de choferes para abordar la problemática. En ese momento, se propusieron instalar cámaras de seguridad en todas las unidades que circulan por el conurbano junto con la puesta en funcionamiento de un sistema de monitoreo con tecnología 4G. Ahora, la cartera que lidera Jorge D’Onofrio busca acelerar el trámite dándole a las compañías hasta los primeros días de septiembre para que se adapten a las nuevas normas.

De acuerdo a la Resolución que salió en el Boletín Oficial de este viernes, los colectivos que no tengan las cámaras de seguridad correspondientes no pasarán la Verificación Técnica Vehicular (VTV). En concreto, desde el 1° de febrero de 2024 las unidades que no acrediten la instalación de los equipos deberán ser rechazados. Además, los que tengan las cámaras, pero “demuestren defectos o ausencia en la convergencia de sus señales de monitoreo” pasarán la VTV como condicional con 60 días para corregir el conflicto.

Finalmente, se decidió que también desde el 1° de febrero de 2024 todos los vehículos que ingresen al sistema provincial de transporte urbano e interurbano de media distancia ya deberán tener las cámaras y el sistema de monitoreo correspondiente. En caso contrario, no serán habilitados por las autoridades ministeriales.

En rigor, la Ley provincial de 14.897 sancionada en el 2017 había establecido la obligatoriedad de instalar cámaras de seguridad en los colectivos, pero nunca se había avanzado. Tras el crimen de Barrientos a principios de abril se retomó la iniciativa “frente a los crecientes hechos de inseguridad que se han registrado en el ámbito de prestación de los servicios de transporte público de pasajeros”, según se reconoció en la propia Resolución.