La dinámica de la política bonaerense suele tener al Poder Ejecutivo trabajando lejos de los micrófonos del parlamento. Sin embargo, un nuevo proyecto ingresado en la Cámara de Diputados promete encender el avispero y poner bajo los reflectores al principal armador político, y hombre confianza, de Axel Kicillof, Carlos Bianco.
Impulsada por legisladores del bloque PRO (con firmas de María Paula Bustos, Natalia Blanco, Alejandro Rabinovich, entre otros), la iniciativa propone instaurar la concurrencia trimestral y obligatoria del Ministro de Gobierno a la Legislatura bonaerense, con el objetivo de rendir cuentas sobre el estado de la Provincia y someterse a las preguntas de la oposición.
Se trata de una maniobra legislativa que busca llenar un vacío normativo histórico en la Provincia, emulando la dinámica constitucional que rige en el Congreso Nacional con el Jefe de Gabinete, pero adaptada al funcionario que hoy oficia como principal puente con los 135 intendentes.
EL PROYECTO Y LA DINÁMICA DEL INFORME EN EL RECINTO
La letra chica del proyecto busca incorporar un inciso al artículo 25 de la Ley de Ministerios (15.477) para institucionalizar este mecanismo de rendición de cuentas, evitando que la asistencia de los funcionarios dependa de la buena voluntad del Gobernador.
Para garantizar el cumplimiento, el Ministro de Gobierno deberá asistir obligatoriamente una vez cada tres meses, alternando su presencia entre la Cámara de Diputados y el Senado. Su exposición no podrá ser improvisada: el texto lo obliga a detallar, como mínimo, el estado de la gestión política con los municipios; la situación de las empresas del Estado; la ejecución presupuestaria; los fondos transferidos a las comunas y las acciones en materia electoral.
Para evitar que la visita se transforme en un monólogo oficialista interminable, el PRO ideó un estricto “reloj” parlamentario. El funcionario tendrá un máximo de 30 minutos para su exposición inicial. Posteriormente, los bloques contarán con dos horas para formular preguntas, las cuales deberán ser respondidas en el acto o por escrito en un plazo no mayor a 10 días.
¿Qué pasa si el Ministro decide pegar el faltazo? La ley prevé sanciones concretas: si incumple y no asiste a dos sesiones consecutivas, se lo castigará con una multa equivalente a 20 haberes mensuales mínimos de la Administración Pública Provincial.
UN RECINTO SIN MINISTROS DESDE HACE 26 AÑOS
En los fundamentos del proyecto, los autores justifican que “el control fortalece la democracia” y que los bonaerenses tienen derecho a saber cómo se ejecutan los recursos públicos. Sin embargo, el historial de la Legislatura demuestra que sentar a un ministro en el banquillo es casi una misión imposible.
Según los antecedentes legislativos, la última vez que un integrante del Poder Ejecutivo bonaerense se presentó formalmente a dar explicaciones en el recinto fue en noviembre del año 2000. En aquella oportunidad, Ramón Verón, entonces ministro de Seguridad durante la gobernación de Carlos Ruckauf, tuvo que asistir al Senado acorralado por una feroz ola de inseguridad.
Desde aquel episodio, la “rosca” y los blindajes oficialistas hicieron su trabajo. Durante los mandatos de Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y los dos períodos de Axel Kicillof, los diferentes oficialismos apelaron sistemáticamente a su mayoría de bancas o a acuerdos de cúpula para bloquear y archivar cualquier pedido de interpelación o comparecencia.
Mientras que a nivel nacional el artículo 101 de la Constitución obliga al Jefe de Gabinete a ir al Congreso, e incluso provincias como Santiago del Estero o Neuquén tienen herramientas de convocatoria obligatoria con fuertes penalidades, en Buenos Aires la rendición de cuentas sigue siendo una deuda pendiente. Ahora, con este proyecto sobre la mesa, la oposición busca romper ese letargo de más de dos décadas y obligar al riñón kicillofista a dar la cara frente a las bancas.
