El Gobierno nacional decidió retener de manera transitoria los subsidios económicos a las empresas de transporte automotor a las que se les detectaron irregularidades, mientras avanza una auditoría integral del sistema. La medida fue adoptada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía tras una reunión con las Cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA y se aplicará hasta que se verifique técnicamente lo ocurrido.
Según informó oficialmente el Ejecutivo, la decisión se enmarca en un proceso más amplio de revisión del esquema de compensaciones al transporte. En ese sentido, se instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios a realizar de forma inmediata una auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos, no solo respecto de la empresa denunciada, sino sobre la totalidad del sistema de transporte automotor de pasajeros.
El estudio contará con el apoyo de informes elaborados por Nación Servicios S.A. y por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a partir de información del sistema y de fiscalizaciones que se llevarán adelante de manera práctica y presencial en las unidades de colectivo. Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es implementar correcciones que permitan evitar futuras irregularidades y garantizar que la distribución de los recursos públicos se realice conforme a la normativa vigente, con criterios de transparencia y exactitud.
Las medidas comenzaron a implementarse de manera inmediata y fueron ratificadas por el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y por el secretario de Transporte, Fernando Herrmann, durante el encuentro que mantuvieron con las cámaras empresarias del sector el lunes pasado. La decisión se conoce, además, en un contexto de fuerte tensión dentro del sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Paritarias en tensión y amenaza de paro en el AMBA
En paralelo a la auditoría y a la retención de fondos, el sector atraviesa una negociación paritaria clave entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales, que tendrá este viernes 30 de enero una audiencia decisiva. Desde las 11 de la mañana, ambas partes volverán a reunirse y, de no alcanzarse un acuerdo salarial, el gremio anticipó que podría anunciar medidas de fuerza de forma inmediata.
Actualmente, el salario básico de los choferes del AMBA ronda los $1.370.000, aunque el sindicato reclama elevar ese piso por encima de los $1.550.000. Desde las cámaras empresarias advierten que ese incremento solo sería posible con un mayor nivel de subsidios o mediante un ajuste en las tarifas, una discusión que se ve atravesada ahora por la decisión oficial de auditar y retener fondos a empresas bajo sospecha.
Tras el último encuentro sin avances, la UTA difundió un comunicado en el que advirtió que “resulta imposible pasar por alto que los trabajadores y trabajadoras del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas de cobertura”. En el mismo texto, el gremio sostuvo que las empresas “conocieron el pedido salarial, lo asumieron como viable y manifiestan no acceder al mismo por no contar con los fondos suficientes para hacerle frente”.
El proceso paritario se desarrolla, además, en medio de cambios en la conducción de la Secretaría de Transporte, luego de la salida de Luis Pierrini y la reciente asunción de Fernando Herrmann. Con una auditoría integral en marcha, subsidios bajo revisión y negociaciones salariales trabadas, el sistema de transporte del AMBA enfrenta días decisivos que podrían derivar en un conflicto de alcance masivo.
