El gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva etapa de ajustes en el PAMI este martes, oficializando el despido de 230 empleados tanto de la estructura central como de agencias en diferentes puntos del país. Las desvinculaciones, que afectan a personal de planta permanente, se inscriben en un proceso de recorte de estructuras iniciado hace un año, bajo el argumento de “eficientizar” el funcionamiento del organismo. Sin embargo, trabajadores y gremios denuncian que las medidas impactan negativamente en la calidad del servicio y responden a un ajuste político y económico.
Las agencias de la provincia de Buenos Aires, como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, han sido particularmente afectadas por esta nueva ola de despidos. Además, en la sede central del organismo varios empleados se encontraron con el acceso bloqueado a sus puestos de trabajo desde el lunes, sin notificación oficial previa. Esta situación generó concentraciones espontáneas de trabajadores en el hall de la institución.
Desde PAMI señalan que la medida busca optimizar recursos, argumentando una duplicidad de funciones y el incumplimiento de tareas por parte de los desvinculados. Sin embargo, los sindicatos ATE y UPCN desmienten estas afirmaciones. Denuncian que los despidos responden a un plan de ajuste que pone en jaque la atención a millones de jubilados y pensionados, al afectar áreas sensibles y personal con más de 10 años de antigüedad.
“Son despidos sin causa, algunas personas tienen más de una década en el organismo. La intencionalidad del Gobierno es cerrar un número, sin importar la calidad del servicio ni los derechos laborales”, expresó Ramón Farías, coordinador nacional de ATE PAMI. El sindicalista también alertó sobre la posibilidad de más desvinculaciones en los próximos días, pese a que fuentes oficiales niegan que vayan a producirse nuevos despidos.
Movilización gremial y paro nacional
El malestar de los trabajadores se tradujo en una serie de medidas de fuerza encabezadas por ATE. Este miércoles comenzaron las asambleas en todo el país para coordinar un plan de lucha que incluye la toma de 15 unidades de gestión local (UGL) y una movilización a la sede central del PAMI en Buenos Aires el próximo 29 de enero. “Exigimos que se frenen los despidos y la precarización del servicio. Los jubilados no pueden ser las víctimas de un ajuste”, afirmaron delegados sindicales.
A pesar de la movilización, el gobierno de Milei mantuvo su postura de avanzar con las políticas de ajuste en el sector público. Mientras tanto, el futuro de los trabajadores despedidos y la calidad de los servicios de salud para los jubilados continúa siendo incierto, generando un clima de tensión creciente tanto dentro como fuera del organismo.
