El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) —empresa estatal que presta servicios esenciales de agua potable y cloacas a más de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense— reinstala un debate estructural sobre la gestión de los recursos públicos. En diálogo Infocielo Play en el segmento Entrevistas , el Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello, cuestionó con dureza los fundamentos de la medida y advirtió sobre los antecedentes históricos de la concesión privada.
“No se sabe por qué razón el gobierno entendió que tenía que volver a manos privadas después de una experiencia que tuvo en su momento, donde la verdad que fue una experiencia muy lamentable porque no mejoró ninguno de los parámetros de calidad”, aseveró el funcionario al recordar el colapso del servicio bajo la antigua firma Aguas Argentinas.
Martello contextualizó la degradación previa que derivó en la reestatización del servicio, “nosotros en la zona de concesión de AySA, en Esteban Echeverría y fundamentalmente Lomas de Zamora, recibíamos las facturas indicando que el agua no era apta para el consumo humano, ni siquiera se garantizaba un servicio de calidad que indicara el Código Alimentario”. Frente a la lógica mercantil, el defensor enfatizó el carácter inalienable del recurso, “el Estado debe intervenir en el agua; es un bien elemental, vital, es un derecho humano, en casi todo el mundo el servicio no se resigna, la tendencia global es que lo maneje el Estado o los municipios, como ocurre en París”.
Subasta sin base, marginación técnica y un “descuento” de 160 millones de dólares
Al analizar la ingeniería administrativa de la venta del 90 por ciento de las acciones de la compañía —quedando el 10 por ciento restante en manos de los trabajadores conducidos por el sindicato de José Luis Lingeri—, Martello señaló severas irregularidades que, a su criterio, vuelven el proceso completamente revisable por la vía judicial.
La primera anomalía radicó en la elusión de los organismos técnicos de valoración, “se corrió al Tribunal de Tasación y se le dio a un banco estatal como el BICE la posibilidad de hacerlo, pero ni siquiera intervinieron porque fue una licitación sin base, sin un precio mínimo”. La desvalorización del activo público quedó expuesta al cotejar los propios anuncios oficiales con el resultado final, “el propio encargado de las privatizaciones del Ministerio de Economía dijo en su momento que el valor equivalía a 500 millones de dólares, terminaron convalidando como principal oferente a quien propuso 340 millones de dólares más una deuda de 70 millones”.
Para graficar la pérdida patrimonial, el Defensor del Pueblo apeló a una analogía cotidiana:
“Es como si vos querés vender un auto que te parece que vale 20 millones de pesos y lo vendés a 15 y está todo bien… con el agravante de que estás vendiendo un auto que no es tuyo, que es de todos”.
“Esto es como que venga una inmobiliaria, diga que tu casa vale 100, vos le hagas el jardín nuevo, le cambies el techo, le hagas una pileta de natación y después la vendas en 50. Tus herederos van a sospechar; no tiene explicación ninguna”.
El mapa de los nuevos dueños: un aportante de campaña y un 55 por ciento bajo las sombras
La composición del consorcio adjudicatario plantea serios interrogantes sobre la transparencia y la idoneidad técnica del nuevo operador. Según el desglose detallado por Martello, el paquete accionario se distribuye entre actores heterogéneos, un operador técnico internacional (12%), un grupo de Río de Janeiro convocado para cumplir formalmente con la exigencia del pliego de acreditar experiencia operativa en el rubro.
En tanto, un proveedor histórico con participación mínima, representante tradicional del sector con un porcentaje menor. El Grupo Rowing (12% a 15%), la empresa dedicada históricamente a la logística —sin antecedentes en saneamiento hídrico—, salpicada por contrataciones polémicas en la distribución de pañales del PAMI y la licitación de la hidrovía. “Tiene en su historial haber sido uno de los principales aportantes a la campaña del actual presidente, con dos aportes de sus empresas por 20 millones de pesos cada uno en el año 2025”, sostiene Martello. Se suma el “fondo fantasma” mayoritario (55%) con el control hegemónico de la compañía quedó en manos de una estructura financiera opaca.
“Hay un fondo que nadie sabe quién es, que es el que tiene el control de la empresa y tiene el 55 por ciento de la participación”, denunció Martello. Al profundizar sobre el blindaje informativo, explicó la trampa del mecanismo de consulta: “Crearon un sistema llamado Data Room donde, si querías saber quiénes participaban o cuáles eran los activos y pasivos, la información estaba denegada a menos que compraras el pliego. Es un sello creado, una empresa dentro de otra que busca rentabilidades rápidas”. Esta situación deja en la incertidumbre incluso a los propios empleados: “Hoy por hoy, la participación del 10% de los trabajadores no sabe ni con quién se tiene que sentar hasta que no salga a la luz quiénes son”.
Tarifazos del 700%, cortes al segundo mes y un negocio garantizado
El saneamiento financiero que exhibe el Ejecutivo para justificar la atracción de inversiones se logró, según la Defensoría, mediante el ahogo de los usuarios y el desmantelamiento de las obras de infraestructura. AySA pasó a registrar utilidades por 125.000 millones de pesos apoyada en tres pilares, “una fuerte reducción de personal que afectó la calidad del servicio, la paralización de obras fundamentales —como una tunelera que llevaba agua al Conurbano y estaba al 90 por ciento— y la medida fundamental, un 700 por ciento de aumento en la tarifa”, explicó el funcionario.
El impacto social sobre los sectores vulnerables es aplastante, “un jubilado está pagando 70.000 pesos por el servicio mensual de agua y cloaca; es casi el 20 por ciento de la jubilación mínima”. A esto se suma la modificación de las condiciones contractuales para habilitar la interrupción del suministro, “a la segunda factura que no pagás te pueden provocar un corte, habilitaron eso para que el negocio sea atractivo y mejorar la cobrabilidad, cuando el agua es un derecho vital que no te pueden quitar”, afirma Martello.
El esquema se completa con la aprobación de una recalificación tarifaria que garantiza ingresos extraordinarios a la firma privada, “les generaron un flujo de caja adicional de 93 millones de dólares anuales —unos 140.000 millones de pesos— con el pretexto de la tarifa social u obras que ni siquiera están contempladas en el pliego”.
Martello sintetizó la distorsión del rol regulador comparándolo con las privatizaciones históricas de la década de 1990, “dromi creó los entes reguladores para la electricidad, el gas y el agua. Si el fantasma de Dromi estuviera acá diría que esto es un escándalo. El ente del agua tiene muy poquito presupuesto y los funcionarios prácticamente te dicen que es un ámbito de convalidación”. Y concluyó advirtiendo sobre la rentabilidad exprés del adjudicatario, “en solo tres años, únicamente con este flujo de caja garantizado, la empresa recupera toda la inversión realizada y le quedan 30 años de concesión para estructurar un negocio financiero sin asumir ningún riesgo”.
