En el marco de caída de ventas y la imposibilidad de acceder a préstamos a altas tasas de interés por parte de las empresas, la fábrica más grande de carrocerías para colectivos, Metalpar, cerrará sus puertas y dejará a más de 500 trabajadores en la calle.
Se calcula que entre los operarios, personal de limpieza, seguridad, mantenimiento y otros que dependían indirectamente como proveedores, el cierre de la planta ubicada en Loma Hermosa, Tres de Febrero, significaría cerca de mil puestos laborales afectados.
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Aunque ni el gremio ni los directivos de Metalpar dieron mayores detalles sobre esta decisión, es de trascendencia que las altas tasas de interés afectaron directamente para la renovación de algunas unidades por parte de las empresas de colectivos, lo que implicó en menores ventas.
Ya en 2018, la crisis que comenzaba a agudizarse había desembocado en cientos de suspendidos y despidos, lo que alarmó al gremio del SMATA.
Los pedidos para que el gobierno pudiera generar medidas que pudieran evitar el cierre total de la fábrica, nunca llegaron, a pesar de los pedidos desesperados del sector. Es que, aseguran, el negocio de la carrocería depende fundamentalmente del crédito, algo que con la disparada del dólar y la suba exorbitante de las tasas de interés, lo afectó de muerte.
Metalpar es una empresa con capitales chilenos y brasileños y además de la planta ubicada en Loma Hermosa (Tres de Febrero), también es dueña de la fábrica de Metalsur, con sede en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. En la segunda, la empresa había echado a varios trabajadores por la crisis.
Así, la crisis a la que el gobierno nacional insiste con llamar “tormenta” y a la cual no parecen combatir asegurando que “este es el único camino”, también golpea a las fábricas más poderosas del país. En sus mejores momentos, Metalpar llegó a producir 12 colectivos por día y absorber cientos de puestos de trabajo.
En tanto, la caída de la economía en 2018 fue de 2,6 por ciento y la situación de las empresas y Pymes es alarmante. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde el 2016 a la fecha más de 246 empresas entraron en Procedimiento Preventivo de Crisis, así como unas 805 lo hicieron en un concurso preventivo de acreedores, mientras que 2.177 quebraron directamente.
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