En Castelli, la destitución del concejal de Cambiemos Martín Céspedes disparó una posible trama de corrupción y también marcó una crisis interna, tras el aval de un compañero de banca para constituir la Comisión Investigadora, que finalmente destituyó al Concejal por comportamiento “poco ético y moral”.
Cinco meses y medio duró el análisis pormenorizado para concluir que el concejal Céspedes incurrió en delitos que ahora la justicia deberá determinar si se trataron de corrupción.
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El edil había gestionado personalmente la construcción de dos puentes que atraviesan por sus campos, y que solo beneficiaron a otros cuatro vecinos que viven lindantes a sus tierras.
Además, al mismo se le critica haber comprado durmientes de quebracho robados que eran retirados de la obra de construcción de la nueva traza ferroviaria en el año 2015.
Todo eso llevó a su destitución, el cual contó con los votos de los seis concejales del oficialismo local (FPV-PJ) y un voto inédito de un compañero de banca del propio Céspedes: Ignacio Forte.
Aquello constituyó un acto que desde los ojos del peronismo fue visto como un gesto noble, mientras que desde los de Cambiemos se interpretó como traición.
“Lo que se juzga acá no es si el concejal es culpable o no de esos delitos, se juzga la ética y la moral”, le dijo a este medio, Esteban Pereyra, concejal del bloque FPV-PJ.
Pereyra detalló que el concejal destituido lleva 25 años en la política local y que los dos puentes que se construyeron en sus campos, fueron “auto gestionados” personalmente con el vicegobernador Salvador y en total costaron más de 15 millones.
“Tanto que se habla de los bolsos de la corrupción, esto es como llevarse el doble de los bolsos de López”, manifestó con un duro ejemplo el concejal peronista.
La destitución de Céspedes se logró a partir de lo que dicta la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), en el cual su capítulo 10 permite armar una comisión investigadora que pueda estudiar casos similares a lo ocurrido en Castelli.
Luego del hecho, el intendente Francisco Echarren avaló el procedimiento del HCD local. Ahora la justicia deberá investigar si ese “comportamiento poco ético” se trata en realidad de un hecho de corrupción.
“La corrupción no tiene bandera política. La corrupción es corrupción. Y sea quien sea, tiene que pagar las consecuencia”, finalizó el concejal Pereyra.
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