Crecen el respaldos hacia la vicepresidente y las denuncias de persecución política en su contra por parte del poder judicial ya no vienen solo de su entorno sino también que de sus oponentes políticos.
En ese sentido en el día de ayer los diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Nicolás del Caño se sumaron a la oleada de mensajes y tildaron de “antidemocrático” el pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos que la fiscalía realizó contra Cristina Kirchner.
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Ahora el dirigente del PTS y ex diputado nacional Christian Castillo se plegó a sus compañeros de fuerza y denunció una “clara parcialidad” de la justicia en este caso en el que se ven “elementos claros de persecución política”.
En diálogo con Ya es hora por FM La Cielo Castillo sostuvo que “es clara la parcialidad con la cual operan los fiscales y tribunal, no hay ninguna garantía de imparcialidad”. Además en ese plano rechazó la utilización de la figura penal de asociación ilícita que es utilizada “cuando no existe evidencia probatoria directa en un caso de delito” y manifestó que desde su espacio han “reclamado su derogación”.
Adentrándose en la causa que coloca a la presidenta como la presunta líder de una asociación ilícita aseguró que “independientemente del hecho en si de si Cristina Kirchner tuvo que ver con Lázaro Báez directamente y de la sospecha que uno puede tener de que Lázaro Báez incrementó su patrimonio de manera exponencial a partir de negociados de la obra pública” consideró que “lo cierto es que vemos direccionamiento para una persecución y proscripción política y eso es lo que hemos rechazado”.
La propuesta del Frente de Izquierda
Castillo, al igual que sus compañeros de espacio, no solo cuestionó el encuadre de los casos bajo el delito de asociación ilícita sino que también propuso que las causa de corrupción sean juzgadas por jurados populares.
“En los casos de corrupción que implican a distintos gobernantes tiene que haber juicios por jurado” afirmó y agregó que les “parece el elemento central”. De igual modo “los jueces tienen que ser electos por el voto popular para evitar lo que ocurre: que los jueces son amigos uno de los otros”, dijo en referencia a la relación pre existente entre el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu.
“Cuando uno ve que no se apartan cuando están implicados y cuestionados, que es lo mínimo que deberían hacer, y no le permitieron hacer uso de la palabra” ahí hay “persecución política”, sentenció.
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