El Gobierno nacional se comprometió a asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el vencimiento del decreto que prorrogaba los contratos de alquileres e impedía los desalojos, medida que la federación que nuclea a los inquilinos pidió prorrogar nuevamente.
A través de la Resolución 88/2021 publicada ayer en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar un “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos”, destinado a las personas que, alquilando una vivienda única para uso familiar, vean peligrar su continuidad ante el vencimiento de su contrato o el desalojo por falta de pago.
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El secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, aseguró que se va a trabajar en “un protocolo que permita caracterizar el universo de desalojos posible, y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales”.
Si bien no se brindaron detalles sobre cómo funcionará el protocolo, se indicó que se buscará información sobre las solicitudes de procesos de mediación y sobre la existencia de sentencias judiciales de desalojo, que a partir del 1° de abril podrán volver a ejecutarse tras la finalización del período impuesto por el decreto nacional.
Reclamo de inquilinos
Por su parte, la Federación de Inquilinos presentó una carta al Gobierno para pedir la extensión del decreto que suspende desalojos, que vence el miércoles de la semana próxima, y un plan de desendeudamiento.
En la nota, solicitan que se extienda el decreto que suspende desalojos, congela el precio de los alquileres y extiende automáticamente los contratos de alquiler hasta que se elabore y ponga en marcha un plan de desendeudamiento de los inquilinos, “para que nadie quede en la calle en el advenimiento de la segunda ola que golpea cruelmente a toda la región”.
Según la federación, la extensión del decreto “además de ser la única forma de frenar una ola de desalojos, debe servir para conocer cuántos hogares están endeudados, cuántos hicieron uso del decreto para prorrogar el contrato, cuántos tienen sentencia de desalojo”.
Además, se deberá relevar “cuántos no tendrán opción para alquilar en las condiciones que le imponga el mercado que lleva adelante una maniobra inhumana de aumentos”.
La carta cuenta con las firmas, entre otros y otras personalidades, de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Colectivo Ni Una Menos, Juan Grabois, el dirigente de aceiteros Daniel Yofra, el dirigente sindical Hugo Godoy, la legisladora Ofelia Fernández, el diputado Walter Correa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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