En un contexto de recortes generalizados en múltiples áreas del Estado, uno de los organismos que muestra un crecimiento notable en sus recursos es la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que depende directamente de la Presidencia. Entre enero y mayo, el presupuesto total de la SIDE se incrementó en un 68%, al pasar de $48.253 millones a $80.872 millones.
El aumento más significativo se registró en los llamados “gastos reservados”, una partida que por su naturaleza secreta no puede ser auditada públicamente, pero que representa el 17% del presupuesto total del organismo. Según datos oficiales del Ministerio de Economía, esta categoría creció un 254% en cinco meses: pasó de $3.794 millones en enero a $13.436 millones en mayo.
Este refuerzo presupuestario se concretó a través de dos instrumentos. El primero fue el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/25, que elevó en $1.625 millones los fondos para gastos reservados, dentro de un aumento general de $7.366 millones para la SIDE. La segunda medida se dio mediante una decisión administrativa del 5 de mayo, con la que se sumaron $25.000 millones al presupuesto del organismo, de los cuales más de $8.000 millones se destinaron nuevamente a gastos reservados.
Además, se incrementó de forma sustancial la partida para bienes de uso, que escaló a $7.685 millones, un aumento del 1560% respecto al inicio del año. Según informó el medio La Nación, justificaron el refuerzo presupuestario en la necesidad de realizar inversiones tecnológicas “a precios internacionales” y recordaron que “otras administraciones provinciales también gastaron millones” en actualizar sus sistemas de inteligencia.
El Congreso pone la mira en la SIDE
Aunque ni el DNU 186 ni la decisión administrativa del 5 de mayo han sido tratados aún por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, los legisladores de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia ya tomaron nota de la situación. La comisión, presidida por el senador Martín Lousteau, prevé reunirse la semana próxima y no descarta convocar al titular de la SIDE, Santiago Nieffert, para que brinde explicaciones sobre el uso de los fondos.
La solicitud de citación fue impulsada por el diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre), luego de que se conociera que el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) diseñado por la SIDE podría habilitar tareas de espionaje interno. Según ese informe, el PIN mantiene líneas históricas como la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, pero también propone “identificar y monitorear” a grupos sociales vulnerables y actores no estatales que, en un contexto de polarización, podrían influir políticamente en la población. Esta directiva, fechada en enero, lleva la firma del director general de Operaciones, Diego Kravetz.
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La presentación de una medida cautelar fue realizada por el jefe comunal de Azul, Nelson Sombra (Fuerza Patria) contra Vialidad Nacional y Corredores Viales.
El actual refuerzo presupuestario —aunque considerable— aún está por debajo del intento previo del Gobierno de dotar a la SIDE de $100.000 millones extra para gastos reservados. Aquella iniciativa, impulsada por el asesor Santiago Caputo mediante el DNU 656/24, fue rechazada por ambas cámaras del Congreso, en una decisión inédita desde la reforma constitucional de 1994. Como resultado, la SIDE debió devolver esos fondos, lo que se formalizó en diciembre mediante otro DNU con ajustes presupuestarios.
Tras ese revés legislativo, el Poder Ejecutivo adoptó una estrategia más gradual: aumentar los fondos del organismo en tramos más discretos, posiblemente para evitar nuevas reacciones adversas en el Congreso. Mientras tanto, y a pesar del ajuste en otras áreas, el organismo de inteligencia continúa fortaleciéndose financieramente.
