A contrarreloj y con cambios introducidos sobre la hora, el oficialismo activó el tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados con el objetivo de llegar al recinto este miércoles y obtener la media sanción. La estrategia quedó expuesta cuando desde el inicio de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la primera y única convocada para el tema, cuando el dictamen comenzó a circular apenas iniciada la sesión, desatando un fuerte rechazo opositor y reavivando el conflicto en torno al financiamiento y a las políticas de discapacidad.
La expectativa inicial de varios bloques era que el Gobierno mantuviera el mismo proyecto enviado en septiembre y dictaminado en noviembre, una maniobra que hubiera permitido acortar los plazos parlamentarios. Sin embargo, esa suposición se diluyó rápidamente. El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, abrió el debate con una breve defensa del Presupuesto y sostuvo que la intención era avanzar con un dictamen favorable “para darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo”. Pero el clima se tensó cuando desde la oposición exigieron explicaciones sobre las modificaciones incorporadas al texto.
El presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, fue quien puso el foco en el cambio de reglas. Consultó de manera directa si se trataba del mismo proyecto y, en caso contrario, cuáles eran los cambios introducidos. Bornoroni admitió que el dictamen contenía modificaciones respecto del texto anterior, aunque evitó detallar su alcance. Con el correr de la comisión, esas modificaciones comenzaron a quedar en evidencia y se convirtieron en el eje central de las críticas.
El recorte que encendió la oposición
El nuevo dictamen del oficialismo incluye la derogación de leyes clave sancionadas este año por amplias mayorías parlamentarias. En particular, a través del artículo 75 se elimina la ley de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario, dos normas que habían sido insistidas por el Congreso tras los vetos presidenciales. Además, el proyecto avanza sobre otras áreas sensibles: el Gobierno asegura haber cumplido con las obligaciones vinculadas al Hospital Garrahan, mientras que la oposición denuncia un recorte encubierto de fondos.
Las modificaciones no terminan ahí. El dictamen también incorpora un artículo que altera el régimen de pensiones para personas con certificado único de discapacidad, eliminando la posibilidad de otorgar nuevas prestaciones, un punto que generó especial preocupación entre organizaciones y prestadores del sector. Todo esto ocurre en un contexto en el que pesa un reciente fallo de la Justicia federal de Campana, que obliga al Ejecutivo a aplicar la Emergencia en Discapacidad con los fondos necesarios para recomponer lo perdido desde el inicio del ajuste.
Las repercusiones
Desde el ámbito educativo las reacciones no tardaron en llegar. Gremios docentes advierten que el recorte vuelve a empujar a las universidades a un escenario de conflicto, al tiempo que cuestionaron la falta de diálogo del Gobierno y la ausencia de instancias paritarias para discutir los aumentos previstos para 2026. La combinación de desfinanciamiento y decisiones unilaterales, sostienen, profundiza la crisis del sistema.
En el plano político, la respuesta opositora fue inmediata. Fuerza Patria anunció que no acompañará ni el Presupuesto ni la ley de Inocencia Fiscal y que presentará un dictamen y un proyecto propios. Martínez fue contundente al responsabilizar al Ejecutivo por la falta de presupuesto en años anteriores y sostuvo que el nuevo texto profundiza un esquema de discrecionalidad. Entre los puntos que el peronismo rechaza se encuentra la derogación del 6% de financiamiento educativo y la eliminación de partidas destinadas a la educación técnica, para las que anticiparon propuestas alternativas.
A ese rechazo se sumó un tercer dictamen impulsado por el interbloque Unidos, presentado por el diputado bonaerense Nicolás Massot. Con un discurso duro, cuestionó que el Gobierno elimine leyes aprobadas por el Congreso mientras amplía otras partidas, como las destinadas a la SIDE, y planteó la contradicción de reducir impuestos y aportes patronales por montos superiores al costo fiscal que se les niega a universidades, personas con discapacidad y pacientes pediátricos.
Pese a la ola de críticas, el oficialismo logró cerrar el dictamen de mayoría con 28 firmas, sumando a sus propios diputados y a aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, aunque con seis disidencias. Un esquema similar se repitió con la ley de Compromiso Fiscal. En paralelo, quedaron conformados los dictámenes de minoría de Fuerza Patria y de Unidos, dejando el escenario listo para un debate en el recinto que promete ser áspero.
Así, el Presupuesto 2026 llega a Diputados atravesado por acusaciones de desfinanciamiento, cuestionamientos legales y una fuerte resistencia política. Más allá de los números que el oficialismo logró reunir en comisión, el tratamiento en el recinto se perfila como un nuevo capítulo de confrontación, con la educación y la discapacidad en el centro de una discusión que excede largamente el mero ordenamiento de las cuentas públicas.
