El destituido juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, apuntó contra los medios de comunicación y contra defensores de personas privadas de su libertad en medio de la polémica que se suscitó tras el otorgamiento de prisiones domiciliares producto de la pandemia de coronavirus. A unos por “desinformar” y a otros por “prometer cosas que no pueden cumplir”, criticó a ambas partes del conflicto en diálogo con INFOCIELO luego de haber sido llamado por un grupo de reclusos de la cárcel de Devoto para representarlos en la mesa de negociaciones que se abrió tras los levantamientos de fines de abril.
Si bien aclaró que por el momento no participará de ese ámbito – debido al jury que enfrenta y a que pertenece al grupo etario de riesgo -, Carzoglio sentó posición sobre el debate que hace temblar la unidad política en medio de la pandemia y que provocó ruidosos cacerolazos desde los balcones de la Capital Federal.
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“Desde un sector le han llenado la cabeza a los internos con cosas que no pueden cumplir y del otro se ha informado mal a la sociedad, que reacciona porque está mal informada”, puntualizó. “Los medios están atosigando con pálidas todo el día y alteran a la gente“, agregó.
Para Carzoglio, se cometieron excesos de parte de los organismos que defienden a los internos, que habrían visto en el contexto excepcional de la pandemia la posibilidad de avanzar en el pedido de prisiones domiciliarias para muchos de sus defendidos. Cabe recordar que a mediados de abril un grupo de defensores generales de distintos departamentos judiciales bonaerenses enviaron una solicitada a Axel Kicillof en la que solicitaron la “conmutación de penas” para internos que cumplan ciertas condiciones.
Incluso, el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, firmó una circular en la que recomendó a fiscales y defensores oficiales solicitar arrestos domiciliarios como método para evitar contagios masivos en las unidades penitenciarias.
Tras desatarse la polémica a nivel nacional, Conte Grand dirigió la responsabilidad al juez de Casación Penal de la Provincia, Víctor Violini. Para Carzoglio, ambos actuaron de acuerdo a “sus atributos” y recomendó las vías institucionales para la resolución de estos conflictos.
De igual modo, el ex juez de Avellaneda admitió que el contexto amerita que se evalúen diferentes situaciones y recordó que Argentina no es el único país que atraviesa un conflicto igual. “¿Por qué no miramos que ya sucedió en otros países?, recriminó y señaló que el problema local es que “hay sectores que no respetan a las instituciones”.
En este sentido, remarcó que “es la Justicia la que debe resolver” y que “si los jueces no fallan bien, existen instancias superiores, pero hay que empezar a respetar las instituciones”. Con el aval que le otorga haberse sometido a un pedido de jury luego de su decisión de no aceptar un pedido de detención sobre Pablo Moyano durante el gobierno de Cambiemos, Carzoglio insistió en que “si hay jueces que se exceden en sus funciones, hay mecanismos para resolverlo”.
De todos modos, afirmó que las críticas que pesan sobre ciertos jueces están motivados por “una mano perversa” y disparó contra los medios por “trabajar en debilitar las instituciones y dividir a la sociedad”. Además, desvinculó al Gobierno nacional de decisiones que corresponde al Poder Judicial: “no veo intromisión del Poder Ejecutivo en este tema“.
Por último, opinó que “hace tiempo que no hay una política penitenciaria en la Argentina” e indicó que “eso sí requiere de una decisión gubernamental” para resolver el drama del hacinamiento, fundamentalmente en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
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