Entre polémicas y acusaciones por parte del Frente de Todos, la causa de vialidad que investiga una presunta asociación ilícita encabezada por Cristina Kirchner y destinada a redireccionar las licitaciones de obras públicas en favor del empresario Lázaro Baez sigue su curso. Tal es así que en la audiencia del día de hoy los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola finalizarán sus alegatos acusatorios.
En ese marco desde el Frente de Todos mantienen con firmeza que este proceso no es más que una persecución política que busca proscribir a Cristina Kirchner de cara a las elecciones presidenciales del 2023. Es por eso que en el día de ayer tanto el gobernador Axel Kicillof como los legisladores provinciales compartieron un documento en apoyo a la vicepresidenta.
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“Las y los diputados y senadores del frente de todos de la provincia de Buenos Aires expresamos nuestro repudio a la persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, comienza la carta a la que también se plegó Axel Kicillof.
En ese plano los referentes del oficialismo sostuvieron que la causa fue “iniciada en línea con el calendario electoral en mayo del 2019” y que se trata de “un episodio más del hostigamiento político, judicial y mediático que se lleva adelante de forma coordinada en nuestro país y en Latinoamérica desde el año 2015”. “Estas prácticas son un mecanismo de disciplinamiento, estigmatización y control social”, afirmaron.
Además apuntaron fuertemente contra el poder judicial a quienes señalaron de haberse convertido en un “partido político defensor del macrismo y persecutor de toda fuerza política y dirigente que se le oponga” lo que “constituyen una grave violación a los derechos humanos”.
En ese sentido aseguraron que “en el caso de nuestra vicepresidenta, esta práctica tiene un claro objetivo: proscribirla políticamente”.
Por último añadieron que es “necesario que en nuestra Patria vuelva a primar el principio de igualdad ante la ley” y citaron a la propia Crista Kirchner quien manifestó que “nada puede funcionar en el país si no hay poder judicial con legitimidad”.
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