La Cámara de Diputados bonaerense aprobó por mayoría y giró al senado un proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo para expropiar7 inmuebles que serán destinado para la construcción de nuevas cárceles, en rigor unidades o alcaidías penitenciarias.
Los inmuebles que serán declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación se encuentran ubicados en cinco distritos del conurbano provincial; dos en cada uno de los distritos de Quilmes y Moreno, y uno en Merlo, La Matanza y Tigre.
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Para los impulsores del proyecto de ley, en el marco de la actual emergencia en que se encuentra la provincia, “sobresale la crisis en materia de infraestructura penitenciaria”, en razón de la sobrepoblación existente en los establecimientos destinados al alojamiento de personas privadas de su libertad.
Si bien no se especifica cuáles serán las obras que finalmente se realizan en los inmuebles expropiados, sí se detalla que el Estado provincial tendrá diez años para la construcción de las nuevas cárceles, sea bajo la modalidad de Unidades o Alcaidías penitenciarias y departamentales, dispuestas en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria.
El proyecto, casi desconocido por “la gente en general” tiene, no obstante, cierta resistencia en algunos casos, tal como es la situación en el distrito de Quilmes donde vecinos se están organizando para impedir que se lleva adelante el proyecto penitenciario en los inmuebles expropiados.
El gobierno argumenta que la necesidad surge de que entre los años 2016 y 2019 se produjo un “incremento extraordinario” en el número de personas privadas de la libertad.
Según la estadística brindada, en 2016 los encarcelados eran 35.000 personas, con una tasa de prisionalización de 240 por 100 mil habitantes; llegando a 308 a fines de 2019 totalizando una población carcelaria de 49 mil personas.
Fue esta situación la que elevó sensiblemente los niveles de hacinamiento y agudizó el deterioro del sistema, tal como se consigna en los fundamentos de la iniciativa que será evaluada por los integrantes de la Cámara de Diputados.
Así, se concluye que en tales condiciones “el Estado provincial se encuentra imposibilitado de cumplir con los umbrales mínimos que, en materia de tratamiento de personas detenidas, se comprometió a cumplir ante la comunidad internacional”.
En la actualidad, el Servicio Penitenciario Bonaerense afronta “la sobrepoblación más alta de su historia”, cuyo registro se ubica por encima del 100 % de su capacidad, de acuerdo al alojamiento disponible en las 58 unidades penitenciarias y 10 alcaldías departamentales.
Por lo expuesto es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que actualmente es conducido por Julio Alak, se ha abocado al diseño y ejecución de una obra de carácter general, que permita dar respuesta a la problemática imperante, mediante la construcción de “nuevas” Unidades y Alcaidías Penitenciarias, como así también Alcaidías Departamentales, principalmente en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La decisión de hacer nuevas cárceles en el AMBA responde a que casi el 70 % de las personas encarceladas provienen de esa región y la misma solo tiene capacidad para alojar a menos del 40 %, pues ese es el porcentaje de plazas disponible en la región sobre el total de la provincia.
Para los funcionarios de Ministerio de Justicia la construcción de nuevas cárceles, próximas a “los vínculos familiares o afectivos resultan fundamentales para evitar la desintegración de los lazos familiares o sociales, y de ninguna manera el encarcelamiento puede cercenar ese derecho”.
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