El proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados para modificar la Ley de Procedimiento Laboral y así establecer una nueva fórmula para el pago de indemnizaciones laborales abrió una grieta entre pymes, legisladores y sindicatos. Tras el rechazo de empresarios, los gremios y diputados nacionales de UxP salieron ahora a respaldar la iniciativa.
Mediante la presentación de un proyecto de resolución, diputados nacionales vinculados al sindicalismo expresaron su “beneplácito” ante la media sanción que el proyecto de Maite Alvado y Soledad Alonso obtuvo hace algunos días en la Legislatura provincial.
“Pretende reparar una grave injusticia que padecen quienes trabajan en la Provincia de Buenos Aires respecto a quienes lo hacen en la C.A.B.A., donde la tasa aplicable por la Justicia Nacional del Trabajo es más beneficiosa, afectando la garantía constitucional de igualdad ante la ley”, enfatizaron desde el Congreso.
En ese orden, enfatizaron que “la tasa de interés aplicable a las indemnizaciones laborales es mucho menor que el índice inflacionario, por lo que luego de 6 o 7 años de litigio, el monto real que recibe el trabajador es, en la mayoría de los casos, menos de la mitad de lo que debería haber recibido”.
A esto se sumó el apoyo a la iniciativa la Corriente Federal de los Trabajadores, la Confederación General del Trabajo regional Morón, Ituzaingó y Hurlingham; la regional Villa Mercedes; la regional Las Flores y la regional Moreno, Mercedes y Carlos Paz, quienes destacaron que el proyecto “busca la protección del trabajo contra los abusos del despido arbitrario”.
¿De qué se trata el proyecto que actualiza las indemnizaciones laborales?
El proyecto, que deberá ser tratado por el Senado tras la luz verde de Diputados, reforma el artículo 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y sus modificatorias.
El mismo sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva que actualmente se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
Según marcaron las autoras, la modificación busca subsanar el perjuicio que representa para los y las trabajadores de la provincia que, en un contexto inflacionario y con juicios que demoran en promedio cinco años, se aplique una tasa que licúa enormemente la indemnización que recibe la persona beneficiaria a la hora de su pago efectivo.
