Más de treinta organizaciones del sector agropecuario manifestaron su apoyo al proyecto legislativo que presentó Sergio Massa para frenar los ataques a silobolsas que se produjeron en las últimas semanas.
En una carta, las entidades agroindustriales expresaron su acompañamiento al proyecto que propone que se contemplen esas acciones como “delitos contra la propiedad” y que quienes los provoquen puedan cumplir penas de hasta cinco años de prisión.
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“Resulta esencial que los momentos de crisis nos encuentren unidos y respetando los consensos básicos que hacen a la unidad nacional y la cohesión social, incluyendo la defensa de la producción y el trabajo frente a actos de vandalismo”, reza la carta firmada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y por una treintena de organizaciones agropecuarias.
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Además, reconocieron “la prontitud” del abordaje del tema por parte de Massa y del diputado Ramiro Gutierrez, quien acompaña la iniciativa que considera que “los daños producidos afectan a la sociedad entera, en tanto destruyen el trabajo y el esfuerzo de la comunidad”.
Además, el documento afirma que “en circunstancias en que más que nunca nuestro país requiere generar valor y obtener divisas genuinas a través de las exportaciones, actos de esta naturaleza se vuelven especialmente repudiables”.
Cabe recordar que en las últimas semanas se registraron ataques a silobolsas en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Frente a estos hechos, el presidente de la Cámara de Diputados propuso que se tipifique como “vandalismo rural” a cualquier daño contra silos, tolvas o silobolsas. Además, propone una condena de 12 años para quien libere patógenos, tóxicos o emisión de radiaciones, indencio, explosión, inundación y generen peligros para la vida.
En ese sentido, uno de los argumentos del proyecto es que hasta el momento el Código Penal no considera “delito” sino como “estrago” a los daños a cualquier tipo de unidad de almacenamiento de cosechas, pero que son de “aplicación imposible como defensa de la propiedad”, ya que se enmarcan dentro de los llamados delitos contra la Seguridad Pública, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada.
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