Las amenazas de bomba a las escuelas de la provincia de Buenos Aires se han convertido en episodios que suceden con cierto grado de recurrencia y que las autoridades provinciales han tomado cartas en el asunto. En ese marco, la juventud es apuntada por la justicia desde una perspectiva “punitivista” y preocupa a varios sectores de la comunidad educativa. Mientras investigan a menores de edad, los hechos se repiten y no se avizora una solución integral a la problemática.
En lo que respecta a La Plata, la Escuela Normal Superior N° 1 “Mary O. Graham” es un foco de esta situación en la cual ya existen 50 causas judiciales. Por ese motivo, la institución sancionó a tres alumnos con 22 amonestaciones y los convocó a realizar ‘acciones reparatorias’.
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A su vez, por dos de esas causas la justicia ordenó allanar a dos domicilios de estudiantes de escuela secundaria. En los mismos, denunciaron que “se interrogó a menores, se les revisaron las pertenencias, con un despliegue de efectivos armados, patrulleros y, además, medios que se ocupan insistentemente de difundir esas imágenes y audios”.
En diálogo con INFOCIELO, la Doctora en Educación y Profesora Titular de la UNLP, María Elena Martínez, relató que en función de la problemática que atraviesa la educación pública y que afecta a los jóvenes, “trabajan desde docentes por la educación pública y el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.
Entonces explicó que el objetivo es “tratar de evitar la criminalización de la juventud”, y que se encuentran “muy preocupados con que se conviertan en chivos expiatorios de situación que son más amplias”.
Luego contó que “hay dos jóvenes de 14 años judicializados en el Normal 1 y tres castigados por la escuela con sanciones”, y señaló que “querríamos a esta altura una investigación seria y no que acosen a los jóvenes”.
“Todo el mundo piensa que son los estudiantes, nosotros ponemos en duda eso. No se resuelve criminalizando y judicializando. Esto debe abordarlo la Justicia Penal Juvenil”, agregó. En ese aspecto, también intervino la Comisión Provincial por la Memoria con acompañamiento a familias y chicos afectados.
Más adelante manifestó que “casi que no tienen clases. Nosotros tenemos dudas porque hubo amenazas donde la escuela no tenía actividad”, y remarcó que el colegio “está perdiendo matricula, los chicos se están yendo”.
La docente sostuvo que esta situación no puede leerse “por fuera del ataque que está sufriendo el sistema educativo”, y que la cuestionada intervención judicial es para “desactivar el tema políticamente”.
Finalmente, adelantó e invitó a la comunidad a participar de una radio abierta que realizarán el viernes desde las 11.30 frente al Normal 1 en lo que será una “jornada de reflexión y visibilización”. En ese mismo momento, integrantes de la escuela marcharán a la Dirección General de Escuelas.
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