Menos de un mes después de que el gobierno nacional celebrara públicamente la flexibilización de controles para aviones de pequeño porte, el accidente aéreo de San Fernando pone en jaque los argumentos de los funcionarios que impulsaron esta medida que todavía no entró en vigencia.
El 26 de noviembre, Franco Mogetta, secretario de Transporte, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, destacaron los beneficios de simplificar trámites para habilitar aeronaves de hasta 19 plazas, promoviendo su uso como líneas aéreas locales.
Sin embargo, el siniestro ocurrido este 18 de diciembre, que dejó dos muertos y desató críticas generalizadas, parece contradecir los postulados que prometían mayor conectividad y desarrollo aerocomercial, pero sin garantizar controles efectivos.
STURZENEGGER DEBE ESTAR “QUE TRINA”
El avión involucrado, un Bombardier Challenger 300, propiedad de la familia del empresario Jorge Brito, se despistó al aterrizar en el aeropuerto de San Fernando.
Tras cruzar el perímetro, la aeronave rompió un alambrado y terminó impactando contra una vivienda en una zona urbana. El accidente se cobró la vida del piloto, Martín Fernández Loza, y del copiloto, Agustín Oforte.
Milagrosamente, no hubo otras víctimas, aunque la casa afectada sufrió daños estructurales graves y deberá ser demolida.
La tragedia adquirió una increíble e instantánea paradoja cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner citó en redes sociales el anuncio de Sturzenegger, señalando con ironía: “NI UN MES PASÓ”.
En su mensaje, resaltó la proximidad temporal entre la implementación de la medida de desregulación y el accidente, cuestionando la lógica detrás de habilitar este tipo de aeronaves para operar casi sin supervisión gubernamental, como símbolo de “libertad económica”.
En el anuncio inicial, Mogetta había explicado que la nueva normativa permitiría a los propietarios de aviones pequeños gestionar en una única ventanilla los permisos necesarios para operar servicios aerocomerciales, ‘eliminando burocracia’.
Por su parte, Sturzenegger celebró la medida como una oportunidad para que “pequeñas aeronaves conecten localidades con aeropuertos troncales”, mencionando casos como “Hummings” y “American Jet”, que ya planeaban ampliar sus operaciones. Pero este optimismo contrasta ahora con las preguntas sobre seguridad que el accidente de San Fernando desató.
LA EVASIVA AL NOMBRAR EL APELLIDO “BRITO”
El caso, además, expone otra dimensión polémica: el tratamiento mediático. La aeronave pertenecía a una de las familias empresarias más influyentes del país, pero ese “detalle” de la noticia fue relegado a páginas interiores en los principales medios, generando suspicacias sobre posibles compromisos comerciales que habrían minimizado la cobertura del incidente.
La paradoja entre la promesa de fomentar el desarrollo aerocomercial mediante la desregulación y la necesidad de garantizar controles efectivos se vuelve ineludible tras este accidente.
Aunque en este caso no había pasajeros a bordo, la intención oficial de permitir la venta de pasajes para vuelos privados de este tipo podría multiplicar los riesgos.
La conectividad aérea es un objetivo loable, pero justamente y más en este rubro, debe ir acompañado de regulaciones que prioricen la seguridad antes que la eficiencia comercial. Este siniestro, ocurrido en un contexto de flexibilización apresurada, deja una advertencia que el gobierno no puede ignorar. Si lo hace deja más claro todavía cuales son sus prioridades en el modelo social que impulsa, dentro de lo que llama “la batalla cultural”.
