El caso del Colegio Modelo Lomas, donde alrededor de 50 alumnas denunciaron la manipulación de sus rostros con inteligencia artificial (IA) para generar imágenes falsas de desnudez, no sería un episodio aislado. En otra institución educativa de la provincia de Buenos Aires, estudiantes y familias denunciaron una situación similar, con un agravante: según los testimonios, las agresiones se remontan a 2024 e incluyen amenazas, difusión de material manipulado y una presunta comercialización de las imágenes.
El escenario es el Instituto Pío XII Leonardo Murialdo, ubicado en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero. Allí, un grupo de alumnas expuso públicamente que compañeros habrían utilizado fotografías reales de las estudiantes para crear imágenes íntimas falsas mediante herramientas de inteligencia artificial. Parte de ese material, sostienen, habría circulado entre alumnos e incluso se habría vendido.
Las denuncias también apuntan contra la respuesta de las autoridades escolares. Las jóvenes aseguran que acudieron a la institución para informar lo que estaba ocurriendo y aportar pruebas, pero cuestionaron las medidas adoptadas y señalaron que el hostigamiento continuó. La situación volvió a tomar fuerza este año, cuando aparecieron nuevos testimonios sobre otras posibles víctimas.
Amenazas, hostigamiento y un supuesto negocio con imágenes falsas
De acuerdo con los relatos difundidos por las estudiantes, algunas de las chicas afectadas cursan segundo año del secundario y tienen entre 13 y 14 años. La mecánica denunciada habría incluido la toma de fotografías de las alumnas, su posterior manipulación digital y el uso de las imágenes para intimidarlas o presionarlas para que enviaran más material.
Una de las adolescentes describió cómo se utilizaban las fotografías para amenazarlas con su publicación. “Nos hacían un montón de fotos, nos las mandaban por WhatsApp y nos decían que, si nosotras nos ayudábamos con él o esas cosas, las iba a publicar y nos iba a vender”, relató.
Las jóvenes también hablaron del impacto que la situación tiene en su vida cotidiana y de la inseguridad que sienten dentro de la propia escuela. “Nos sentimos principalmente afectadas e inseguras, porque pasamos por situaciones de hostigamiento, difamación, cosas que no son nuestras y que van y las editan”, expresó una de ellas.
Una denuncia que se remonta a 2024
Érica, madre de una de las alumnas afectadas, contó que su hija supo de la existencia de una imagen falsa suya después de recibir amenazas para que enviara más fotografías. Según su relato, las imágenes utilizadas para las manipulaciones provenían de fotos que las chicas compartían por WhatsApp o publicaban en Instagram.
La mujer sostuvo que la situación no se limitó a un episodio puntual y que otras estudiantes habrían atravesado experiencias similares. También afirmó que las familias acudieron a las autoridades del establecimiento en busca de una solución, pero consideraron insuficientes las respuestas recibidas.
Según el testimonio de la madre, desde la institución les dijeron que no podían expulsar a los estudiantes señalados y que una de las medidas adoptadas fue cambiarlos de aula. Las alumnas, por su parte, denunciaron que presentaron pruebas y que las autoridades no habrían querido revisar algunas de las imágenes ni escuchar los audios que tenían.
La respuesta de la escuela, bajo cuestionamiento
Otro de los puntos que generó indignación entre las familias fue el tratamiento que, según denunciaron, recibieron las alumnas cuando buscaron ayuda. Entre los testimonios difundidos se mencionó que a algunas chicas les habrían recomendado dejar de usar pollera y comenzar a vestirse con pantalones largos, bajo el argumento de que la pollera resultaba “provocativa”.
La indicación, de acuerdo con las denunciantes, trasladaría a las propias víctimas parte de la responsabilidad por las agresiones que aseguran haber sufrido. El planteo profundizó el cuestionamiento a la institución, ya que las familias reclamaban medidas concretas para frenar las amenazas, investigar lo ocurrido y proteger a las estudiantes.
La exposición pública del caso habría impulsado nuevas decisiones por parte de las autoridades. Según la información difundida, los directivos habrían resuelto no renovar la matrícula a varios de los alumnos involucrados. No obstante, esa medida no elimina los interrogantes sobre la respuesta inicial de la escuela ni sobre el alcance de las acciones destinadas a proteger a las chicas.
Mientras tanto, las alumnas buscan visibilizar lo ocurrido y reclamar garantías para continuar sus estudios en un entorno seguro. El temor a que las imágenes falsas vuelvan a circular, junto con las amenazas y el hostigamiento denunciados, mantiene abierto el conflicto.
Un problema que excede las paredes de una escuela
Los casos denunciados en Villa Bosch y en el Colegio Modelo Lomas vuelven a poner en discusión los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial para fabricar imágenes íntimas falsas, especialmente cuando las personas afectadas son menores de edad.
La posibilidad de manipular fotografías disponibles en redes sociales y convertirlas en material de apariencia sexual sin el consentimiento de las personas retratadas amplía las formas de violencia digital. A eso se suma el uso de esas imágenes para extorsionar, intimidar, humillar o presionar a las víctimas, incluso dentro de los espacios que deberían garantizar su protección.
La gravedad no depende de que las imágenes sean reales: aunque hayan sido generadas o alteradas digitalmente, su creación y circulación pueden provocar consecuencias concretas en la intimidad, la seguridad y la vida escolar de las adolescentes afectadas.
En ese contexto, las denuncias no solo exponen el presunto accionar de los estudiantes señalados, sino que también plantean interrogantes sobre la capacidad de las instituciones educativas para intervenir a tiempo, resguardar las pruebas, acompañar a las víctimas y evitar su revictimización.
Lo ocurrido en ambas escuelas muestra que la discusión ya no puede limitarse al uso de nuevas tecnologías por parte de los jóvenes. También exige respuestas institucionales claras frente a la violencia digital, mecanismos de prevención y acompañamiento, y actuaciones que permitan determinar las responsabilidades correspondientes sin perder de vista la protección de las menores involucradas.
