Los retrasos en los pagos del PAMI a prestadores de salud comenzaron a generar conflictos en distintas ciudades bonaerenses y encendieron alertas sobre el riesgo de interrupciones en la atención a jubilados.
Uno de los focos más visibles del conflicto se registra en Olavarría, donde médicos que atienden afiliados de la obra social nacional presentaron una nota ante el Honorable Concejo Deliberante para advertir sobre una situación que calificaron como “crítica e insostenible”.
En el documento, dirigido al presidente del cuerpo, Guillermo Santellán, los profesionales señalaron que la obra social “mantiene una deuda crónica y plazos de pago ampliamente vencidos” con los médicos de la ciudad, lo que compromete el funcionamiento de los consultorios y el sostenimiento de la actividad.
Los prestadores advirtieron además que el incumplimiento “pone en riesgo inminente la continuidad de la atención médica de miles de adultos mayores olavarrienses”, ya que algunos profesionales evalúan suspender la atención bajo la modalidad de crédito a la obra social y trasladar el costo de las consultas a los afiliados.
En paralelo, en la ciudad comenzaron a registrarse cortes de atención por parte de algunos especialistas, entre ellos cardiólogos y oftalmólogos, lo que encendió preocupación entre jubilados y entidades médicas.
Un problema que puede extenderse a otras ciudades
El conflicto no se limita a Olavarría, aunque es la localidad en la que el problema quedó más visibilizado. En distintas ciudades comenzaron a registrarse advertencias de prestadores por atrasos en los pagos y reducción en los niveles de cobertura.
Uno de los sectores más afectados es el farmacéutico. En distintos puntos del país denuncian demoras de hasta tres meses en las liquidaciones del PAMI, lo que obliga a las farmacias a cubrir con fondos propios el costo de los medicamentos.
Desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires señalaron que esta situación altera toda la cadena de pagos, ya que muchos establecimientos deben financiar las prestaciones mientras mantienen sus compromisos con droguerías y proveedores.
En otras ciudades también comenzaron a aparecer conflictos puntuales. En Junín odontólogos suspendieron las atenciones a afiliados de la obra social, lo que derivó en protestas impulsadas por una multisectorial de jubilados.
En Mar del Plata, en tanto, la Defensoría del Pueblo advirtió por situaciones de “desatención” vinculadas a problemas en la red de prestadores.
A estos reclamos se suman denuncias similares en provincias como La Pampa, Córdoba y Santa Fe, donde profesionales y entidades médicas alertan sobre atrasos en los pagos y dificultades para sostener las prestaciones.
En algunos casos, además, afiliados señalaron que ciertos prestadores interrumpen la atención apenas iniciado el mes alegando falta de cupo, incluso cuando los pacientes ya contaban con turnos asignados.
Prestadores advierten por un problema estructural en PAMI
Según relató a Infocielo una médica prestadora en Olavarría la situación ya lleva varios meses sin resolverse y empieza a impactar directamente en la continuidad de la atención.
“Pagaron la cápita el sábado, pero no las prestaciones. Ya está corriendo el tercer mes sin cobrar”, explicó la profesional.
En ese sentido, advirtió que el problema comenzó a visibilizarse en Olavarría pero ya se replica en otras jurisdicciones del país. “Al principio pensábamos que era una cuestión del agente de retención que es Coceba, una gerenciadora, pero esto se está extendiendo. En otras provincias la situación es incluso peor”, señaló.
La médica también alertó que la situación ya tiene impacto directo en el sistema sanitario: “Esto es una cuestión de salud pública. Si no se regulariza, muchos consultorios no van a poder seguir funcionando”.
Según describió, el esquema actual de prestaciones exige una gran carga administrativa con ingresos muy bajos. “Con sumas muy bajas tenemos que hacer recetas, derivaciones, historias clínicas, excepciones de medicamentos, órdenes para pañales e insumos, prácticas de laboratorio, además de las consultas. Por todo eso apenas se perciben unos 6 mil pesos por paciente”.
A su vez, advirtió que el sistema podría terminar generando un efecto en cadena sobre el sistema público. “De esta manera van a generar un vaciamiento porque no podemos sostener toda la demanda. No sabemos hasta cuándo vamos a poder mantener los consultorios abiertos”, concluyó.
