Trece ex funcionarios municipales, pertenecientes a la gestión anterior, fueron imputados y sus domicilios allanados en una causa que investiga a personas que cobraban sin presentarse a trabajar.
A Oscar Negrelli, como Secretario de Coordinación; al ex secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, Néstor Pulichino; como así también el ex concejal de Juntos, Darío Musto, y a Mariano Pérez Aramburu, como director de Personal, se los responsabiliza por un número de personas que cobraban sus haberes a pesar de que no cumplían funciones en el Estado Municipal.
Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 6 de La Plata a cargo de Agustín Crispo, a pedido el del fiscal de instrucción, Juan Condomí Alcorta. Durante los mismos, participó el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina y se secuestraron computadoras y teléfonos, entre otro material.
El la nómina de imputados figura, además, Cristian Rigau, hijo de Julio Rigau, la punta del ovillo en un caso similar que sacudió a la Legislatura Bonaerense durante 2003.
El origen de la investigación
La investigación se originó a partir de una auditoría ordenada por el actual intendente Julio Alak, que devino luego en una denuncia por irregularidades que son violatorias de distintas leyes y delitos penales.
Los equipos técnicos de la actual gestión hallaron no solo personas que cobraban sin presentarse a trabajar, sino que hay casos de una persona fallecida que figuraba como actual contratado, por lo que alguien percibía su sueldo ilegalmente.
Asimismo, se determinó que incluso recibían su remuneración personas que estaban detenidas y cumpliendo condenas por participar en severas causas penales. Entre las mismas se encuentran homicidios agravados y en ocasión de robo; promoción y facilitación de la prostitución de niños y niñas; robo calificado por uso de armas de fuego; e incendios y estragos, entre otras.
Del mismo modo, se comprobó que hubo exfuncionarios que cobraron durante varios años, aún con la vigencia del decreto del cese de funciones.
También se registraron cerca de un centenar de agentes municipales con condenas penales como homicidios dolosos, portación de armas de guerra o abuso sexual con acceso carnal a los que no se les requirió en el ingreso los certificados de reincidencia e informe policial como exige la normativa vigente.
Además, se constataron 240 personas domiciliadas en otras ciudades, tales como Bahía Blanca, Rawson o incluso algunas patagónicas como Bariloche que no asistían a trabajar.
