La Justicia ordenó frenar por seis meses las obras en diez emprendimientos inmobiliarios señalados como loteos ilegales, en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada a la venta irregular de tierras en el partido de La Plata.
La medida, dictada por la titular del Juzgado de Garantías N°5, Marcela Garmendia, incluyó algo poco habitual: un extenso capítulo dedicado a cuestionar la actuación del fiscal a cargo de la instrucción, Juan Cruz Condomí Alcorta, por la “falta de avances” en casi dos años de investigación.
La resolución respondió a un pedido de medidas cautelares presentado por la Municipalidad de La Plata, que impulsa la causa desde octubre de 2024, cuando relevó 435 barrios y proyectos de loteo irregulares en todo el partido, que abarcan unas 3.380 hectáreas, con más de 6.800 viviendas ya construidas y potencial para alojar a 165.000 personas.
Según trascendió, Garmendia no se limitó a resolver el pedido municipal: dedicó buena parte del fallo a marcar la ausencia de imputaciones formales y la falta de conducción de la pesquisa por parte de la fiscalía, al punto de disponer ella misma la acumulación de expedientes que, según remarcó, “el fiscal debería haber ordenado hace tiempo”.
La sombra de Garro sobre el expediente
El trasfondo político de la causa también existe. Entre los señalados figura el ex intendente Julio Garro, cuya gestión quedó bajo la lupa por la habilitación irregular de barrios privados sin la convalidación provincial correspondiente.
La denuncia original, que dio origen a todo el expediente, fue presentada por la actual gestión de Julio Alak, que desde 2024 sostiene el reclamo judicial y ahora consiguió que la Justicia avalara sus medidas cautelares.
La imagen que deja la resolución se puede releer más allá de la letra técnico/jurídica, porque se trata del Municipio que impulsa, Garmendia que acompaña, y un fiscal que (de acuerdo al fallo), “llegaría tarde”, dejando la sospecha de que esa tardanza es adrede.
Una jueza que corre por afuera del fiscal
No es un dato menor que sea Garmendia, y no el fiscal, quien terminó marcando el rumbo de la causa en las últimas horas.
Que una jueza de garantías supla funciones de impulso procesal que en teoría corresponden al Ministerio Público es un fenómeno poco frecuente, y en los pasillos judiciales platenses ya se lee como el capítulo más reciente de una interna que excede el expediente de los loteos: una pulseada entre el Ejecutivo municipal, que necesita mostrar resultados en un tema que afecta a miles de familias, y una fiscalía que, según la resolución, “no acompañó ese ritmo ni esa urgencia”. Quizás también intereses externos ligados, incluso, a medios de comunicación.
Un conflicto que no está en la agenda pública
Se trata de una disputa que la mayoría de los platenses desconoce, pese a que involucra directamente a miles de familias que compraron de buena fe lotes que hoy podrían no tener nunca escritura, muchos de ellos ubicados en zonas con peligrosidad hídrica media o alta y sin infraestructura básica de agua, cloacas o electricidad.
Tampoco es azaroso que la resolución haya tomado estado público justo ahora: no faltan quienes especulan, extraoficialmente, sobre qué intereses mediáticos y políticos se benefician con la difusión selectiva de este tipo de fallos, en una ciudad donde el vínculo entre distintos sectores de poder y ciertos medios locales viene de larga data.
Mientras tanto, el efecto concreto es inmediato: cese de obras, movimiento de suelo y apertura de calles en los diez emprendimientos alcanzados, y una causa que (pese al freno cautelar) sigue sin una sola imputación formal en casi dos años de investigación, con Garro y otros diez ex funcionarios y empresarios bajo la lupa: María José Botta; Marcelo Genoro; Luis Estaban Barbier; Ariel Fabián Bordigoni; Cecilia Mayochi; Leandro Arrechea; Facundo Dadín; Nahuel Julián Paradela; Melisa Soledad Bonfiglio: Luis Ernesto Bianchi y María Eugenia Castillo.
