A más de trece años de la peor catástrofe climática que azotó a la capital de la provincia de Buenos Aires, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata emitió un veredicto de profunda trascendencia institucional y social.
La magistrada a cargo responsabilizó en partes iguales al Estado bonaerense y a la administración municipal por el fallecimiento de Orlando Ricardo Logiurato, una de las víctimas fatales de la histórica jornada del 2 de abril de 2013. Esta decisión judicial no solo pone nuevamente bajo la lupa el accionar de los poderes públicos frente a emergencias de gran magnitud, sino que también fija un precedente claro sobre la combinación entre fenómenos naturales y falencias estructurales previas.
De acuerdo con los fundamentos expresados en el expediente, la demanda fue impulsada por las tres hijas del hombre, quienes reclamaron una reparación económica tras perder a su padre en medio del avance incontenible del agua. Según quedó legalmente acreditado en la causa, Logiurato intentaba regresar a su hogar cuando quedó atrapado por la inundación en la zona de la calle 35. Al día siguiente, tras perder todo rastro de comunicación, sus familiares debieron reconocer su cuerpo en la morgue local, determinándose oficialmente que la causa del deceso fue asfixia por sumersión. El fallo detalló minuciosamente cómo se desencadenaron los hechos trágicos que enlutaron a la familia y a toda la región.

La distinción clave entre el fenómeno climático y las consecuencias
Durante el proceso judicial, tanto la Provincia como la Municipalidad intentaron eludir sus obligaciones legales argumentando que las precipitaciones de aquel fatídico día constituyeron un caso fortuito, imprevisible e inevitable. La defensa oficial remarcó que en apenas veinticuatro horas cayeron cerca de cuatrocientos milímetros de agua, con registros superiores a trescientos milímetros concentrados en un lapso crítico de apenas tres horas. Sin embargo, la jueza María Fernanda Bisio introdujo un matiz técnico y jurídico fundamental al separar conceptualmente la magnitud extraordinaria de la tormenta respecto de las consecuencias devastadoras que esta generó en el tejido urbano platense.
Para sostener este razonamiento, la magistrada se respaldó en un riguroso informe elaborado por el Departamento de Hidrología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Dicho estudio confirmó que el evento meteorológico superó cualquier registro histórico desde el año 1909, pero aclaró de forma categórica que la magnitud de la tragedia obedeció a factores adicionales. Entre ellos se destacaron la urbanización descontrolada sobre cauces naturales y valles de inundación, la total carencia de una gestión integral del riesgo hídrico y la falta de obras de infraestructura imprescindibles para amortiguar el impacto de tormentas severas en zonas vulnerables.
Omisiones estatales, falta de mantenimiento y ausencia de alertas
El análisis técnico incorporado a la sentencia profundizó en las obligaciones específicas que incumplieron cada uno de los niveles estatales demandados. Por un lado, la Justicia recordó que el diseño, la planificación y la construcción de las grandes obras hidráulicas estructurales recaen sobre la órbita provincial. Por otro lado, remarcó que el mantenimiento, la limpieza y la constante desobstrucción de los desagües pluviales correspondían estrictamente a la jurisdicción municipal, al igual que una adecuada planificación del crecimiento urbano y el ordenamiento territorial que evitara poblar áreas de alto riesgo hídrico.
Asimismo, el fallo puso de relieve la pésima gestión de la crisis mientras se desarrollaba el temporal. La sentencia cuestionó severamente que no se emitiera una alerta meteorológica temprana y advirtió que, una vez evidenciada la gravedad de la tormenta, las medidas de mitigación implementadas por las autoridades resultaron tardías, caóticas e insuficientes. La falta de articulación y coordinación entre los distintos organismos estatales agravó de manera exponencial los daños materiales y humanos, evidenciando una ausencia absoluta de planes de contingencia operativos y protocolos de evacuación eficaces para proteger a la ciudadanía.

Tasación de responsabilidades y compensaciones económicas establecidas
A pesar de endilgar una responsabilidad directa a los organismos estatales por sus omisiones antijurídicas, la jueza reconoció que la intensidad inédita de las precipitaciones tuvo un peso innegable en el resultado final del evento. Por este motivo, la sentencia aplicó una reducción del treinta por ciento sobre la responsabilidad total debido a la incidencia del caso fortuito climático. El setenta por ciento restante fue adjudicado equitativamente a las omisiones del Estado provincial y del Municipio platense, dividiendo las culpas en partes iguales, es decir, un cincuenta por ciento para cada una de las dos administraciones demandadas.
En el plano indemnizatorio, la Justicia desestimó algunos de los reclamos planteados por las demandantes —como la pérdida de chance y el daño biológico autónomo— por no haberse acreditado un perjuicio económico directo ni una incapacidad permanente derivada del hecho. Sin embargo, hizo lugar de manera firme al reclamo por daño moral, respaldándose en pericias psiquiátricas que certificaron cuadros de profunda tristeza, angustia y afectación emocional. Por este concepto, la magistrada fijó una compensación de doce millones de pesos para cada una de las tres hijas, totalizando una condena conjunta de treinta y seis millones de pesos.
Plazos de pago, intereses y un mensaje sobre la memoria institucional
La resolución judicial también estableció precisiones técnicas rigurosas en torno a la actualización monetaria de la condena. Los intereses deberán calcularse desde el mismo día del hecho —el 3 de abril de 2013— hasta el momento de la sentencia aplicando una tasa pura del seis por ciento anual. A partir de allí y hasta el efectivo desembolso de los fondos, regirá la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a treinta días. Las demandadas dispondrán de un plazo perentorio de sesenta días, una vez firme la liquidación correspondiente, para efectivizar el pago a las damnificadas.
En conclusión, este pronunciamiento judicial trasciende el caso particular de la familia Logiurato para erigirse como un recordatorio institucional ineludible sobre las consecuencias fatales de la desidia pública. A más de una década de aquel trágico abril, los tribunales ratifican que las inundaciones urbanas no pueden justificarse únicamente detrás de la fuerza indomable de la naturaleza, sino que interviene de manera decisiva la responsabilidad estatal en materia de prevención, obras de infraestructura, mantenimiento y planificación urbana sostenible.


