El juicio oral por los delitos conexos a la desaparición y muerte de Johana Ramallo vuelve a la actividad en los tribunales federales de La Plata. Tras tres semanas sin audiencias, el debate judicial se reanuda para avanzar en la recepción de testimonios clave sobre la organización criminal investigada.
El proceso juzga a ocho personas acusadas por trata de personas con fines de explotación sexual, comercialización de estupefacientes, encubrimiento agravado y falso testimonio. Sin embargo, la causa judicial por el femicidio de la joven de 23 años se tramita por separado y hasta el momento no registra personas imputadas.
Avances en las audiencias telemáticas y el contexto histórico de la causa
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata fijó la nueva audiencia para este miércoles, en el horario de 8:30 a 12:00, mediante la plataforma Zoom. Esta decisión virtual responde a la reorganización del calendario por la adaptación al nuevo Código Procesal Penal Federal. Asimismo, la Superintendencia de la Cámara Federal de Apelaciones informó que las salas de audiencias no están operativas por la puesta a punto del sistema de audio y video.
Durante la jornada telemática declara Ayrton Santiago Campodónico, quien participa por videoconferencia desde su lugar de detención debido a motivos médicos informados por el Juzgado de Ejecución Penal N°1. Además, la audiencia convoca a Eduardo Martín Urtasun y Yanina Del Giorgio, integrantes del Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
El objetivo central de la citación radica en evitar la acumulación de más demoras en el desarrollo de la causa.En el banquillo de los acusados figuran Carlos Omar “El Cabezón” Rodríguez, Hernán D’Uva Razzari, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinoza Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia Benítez, Celia Giménez y Paola Erika Barraza.
Rodríguez sufrió la detención en julio de 2022 bajo la acusación de liderar la banda de explotación sexual y venta de drogas en la que introdujo a Johana. El expediente juzga las redes criminales que operaron en la Zona Roja de La Plata, pero no abarca el esclarecimiento directo de su asesinato. Según indicó la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, las cuatro personas ejercían actividades delictivas en la denominada “zona roja” de La Plata. La explotación sexual y la venta de drogas crearon el escenario ideal para captar a Johana.
La desaparición en 1 y 63 y el hallazgo de restos en Berisso
Johana tenía 23 años y una hija de 6 años al momento de su desaparición. La joven cursó sus estudios en una sede barrial del plan Fines en Villa Elvira y en la Facultad de Periodismo, donde colaboró como voluntaria durante la inundación de La Plata. Tras capacitarse en el programa Sasen, la eliminación de esta política pública por parte del gobierno de la alianza Cambiemos aumentó su vulnerabilidad social, lo que derivó en situaciones de consumo problemático de sustancias.
La joven fue vista por última vez el 26 de julio de 2017 en la esquina de las calles 1 y 63 de La Plata. La primera denuncia policial dio origen a una causa caratulada como averiguación de paradero, caracterizada por prejuicios machistas y una inacción estatal que demoró las medidas iniciales de búsqueda. Posteriormente, los reclamos constantes de su madre, Marta Ramallo, junto al acompañamiento de organizaciones sociales y del movimiento feminista, lograron el traslado de la causa al fuero federal bajo la figura de desaparición forzada.
En agosto de 2018 las autoridades hallaron restos óseos pertenecientes a la joven en la costa de la localidad de Berisso. Los peritajes genéticos confirmaron la identidad de las muestras en 2019, nueve meses después del hallazgo inicial. Aunque la Justicia acreditó el posterior ocultamiento del cuerpo, todavía no logró determinar la causa exacta de la muerte ni las responsabilidades materiales del femicidio.
