Una joven de 23 años fue atacada brutalmente por su expareja en Beccar, partido de San Isidro, pese a que ella ya lo había denunciado y había solicitado una medida perimetral. El hombre, identificado como Jorge Ezequiel Carrizo, de 25 años, fue detenido después de la agresión y ahora la familia de la víctima reclama que no recupere la libertad.
El episodio ocurrió en las inmediaciones de Riobamba y Rolón, cuando la joven regresaba hacia la casa de su madre. Según la denuncia, Carrizo la estaba siguiendo y la sorprendió cuando caminaba con un casco que llevaba consigo.
El ataque fue brutal. De acuerdo con el relato de un familiar, el hombre la golpeó, le tiró del pelo y la arrastró durante varias cuadras. Luego continuó la agresión y utilizó el casco para golpearla, además de darle patadas.
La joven ya había denunciado a Carrizo aproximadamente un mes antes, luego de otro episodio de violencia ocurrido en su lugar de trabajo. En aquella oportunidad había solicitado una restricción de acercamiento, pero, según la información difundida sobre el caso, el acusado no había sido notificado de la medida.
Ahora, después del nuevo ataque, Carrizo fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. La causa tramita ante la UFI 14 de San Isidro. Mientras avanza la investigación, la familia de la víctima pide que el acusado no sea liberado.
Cuando la distancia escrita en un expediente no alcanza
El caso de Beccar vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales límites de las medidas de restricción: una orden judicial puede prohibir que un agresor se acerque a una víctima, pero no constituye por sí misma una barrera física.
Eso adquiere especial gravedad cuando ya existen antecedentes de violencia. En esos escenarios, el cumplimiento de la medida depende también de que la prohibición sea efectivamente notificada, controlada y acompañada por mecanismos capaces de intervenir ante un nuevo ataque.
Y en la provincia de Buenos Aires existen antecedentes en los que una restricción de acercamiento tampoco consiguió impedir desenlaces gravísimos.
Tigre: Aixa había denunciado a su ex y terminó asesinada
El antecedente más reciente y cercano ocurrió en Dique Luján, partido de Tigre. Allí, Aixa Dana Mili, de 20 años, fue asesinada después de haber denunciado por violencia de género a su expareja.
La joven había contado públicamente que había realizado una denuncia y que sobre el hombre pesaba una prohibición de acercamiento de 300 metros. En diciembre de 2025 incluso había advertido sobre el peligro que atravesaba y había escrito: “Hoy cuento, mañana no sé”.
El principal sospechoso, Alejandro Daniel Sofía, había sido denunciado por lesiones y amenazas contra Aixa y tenía una medida perimetral vigente. La joven fue encontrada asesinada en su vivienda de Dique Luján y el hombre permaneció prófugo después del crimen.
El caso dejó nuevamente expuesta la distancia entre una medida judicial y la protección concreta de una víctima: la prohibición podía establecer cuántos metros debía mantener el agresor, pero no podía impedir por sí sola que decidiera atravesar esa distancia.
Un patrón que vuelve a aparecer
No es un problema exclusivo de Tigre. En San Juan, el femicidio de Gemma Álvarez también generó un fuerte reclamo de su familia por la efectividad de las medidas de protección. La joven había denunciado a su agresor y existía una restricción, mientras familiares sostuvieron después del crimen que el hombre continuaba persiguiéndola y amenazándola.
En Saladillo, otro femicidio ocurrido en 2023 tuvo como víctima a Rocío González. La mujer había denunciado a un compañero de trabajo por acoso y existían medidas destinadas a evitar que ambos se cruzaran. Sin embargo, el agresor ingresó al lugar donde ella trabajaba y terminó asesinándola a balazos.
También existen antecedentes de ataques que no terminaron en muerte pero que muestran el mismo problema. En Ezeiza, por ejemplo, un hombre atacó con un destornillador a su expareja durante la fiesta de 15 años de la hija que tenían en común, pese a que existía una restricción de acercamiento.
Beccar vuelve a dejar una pregunta abierta
El ataque contra la joven de 23 años no terminó en un femicidio. Carrizo fue detenido y ahora la Justicia deberá determinar su responsabilidad y resolver su situación procesal.
Pero el episodio vuelve a plantear una pregunta que aparece cada vez que una mujer es atacada pese a haber recurrido previamente a la Justicia: ¿qué sucede entre el momento en que se dicta una perimetral y el momento en que un agresor decide violarla?
En Beccar, la joven había denunciado. Había pedido protección. Y, según la información difundida sobre el caso, volvió a quedar frente a su agresor.
Esta vez sobrevivió al ataque. Su familia ahora reclama que la respuesta judicial no termine con una nueva puerta abierta para que Carrizo vuelva a acercarse.
