La justicia penal investigará a la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, en el marco de la causa por las cuatro muertes acontecidas tras la persecución policial ilegal dentro de la llamada “masacre de Monte”.
Así lo dispuso el titular de la UFI N° 1 de Cañuelas, Lisandro Damonte, quien quiere saber si la jefa comunal incurrió en el delito de incumplimiento en los deberes de funcionario público.
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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había solicitado que se avance con esta denuncia y, desde el primer momento, sostuvo la necesidad de investigar la responsabilidad de Mayol en la masacre de Monte y su participación en los hechos posteriores a la persecución policial que terminó con la vida de cuatro jóvenes y otra adolescente con lesiones graves.
Este pedido también fue realizado por las familias de las víctimas que, a pesar de las interpelaciones públicas a la intendenta, nunca tuvieron de la jefa municipal una respuesta acorde al dolor que sufrieron.
Trece imputados y muchas dudas
Como se recordará, la causa por la masacre de Monte tiene 13 imputados: cuatro policías bonaerenses por homicidio y otros ocho por encubrimiento, más el ex secretario municipal de San Miguel Monte por encubrimiento e incumplimiento de deberes del funcionario público.
A casi cuatro meses del hecho, y a partir de las pruebas que forman parte de la instrucción judicial, la UFI N 1 de Cañuelas pidió formar una causa por separado contra la intendenta Sandra Mayol y Nelson Barrios, un funcionario del cuerpo de bomberos municipal, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En la madrugada del 20 de mayo pasado, dos patrulleros de la Estación Comunal de San Miguel del Monte persiguieron al Fiat Spazio en el que se trasladaban cinco jóvenes de entre 13 y 22 años hasta que el vehículo impactó contra un acoplado detenido al costado de la colectora 9 de Julio.
Danilo de 13 años, Camila de 13, Gonzalo de 14 y Aníbal de 22 murieron tras el choque; la única sobreviviente, Rocío, tiene 13 años y todavía se recupera de las graves lesiones.
A lo largo de la instrucción fiscal, se evidencia que los policías persiguieron y dispararon hacia el vehículo en distintas oportunidades, uno de esos disparos dio en el cuerpo de uno de los adolescentes.
Desde la Comisión por la Memoria aseguran que se pudo determinar que se desplegó una extensa actividad para encubrir lo ocurrido e instalar la idea de un accidente. Cuando no pudo negarse la persecución, se falsearon testimonios y otras pruebas para ocultar los disparos policiales.
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