Dos presos alojados en cárceles bonaerenses quedaron bajo investigación por un plan para asesinar a la fiscal María Paula Hertrig, de la UFI de Boulogne (San Isidro), quien había intervenido en la causa por la que ambos fueron detenidos. La maniobra fue detectada a partir del análisis de un teléfono secuestrado en una investigación previa y derivó en operativos dentro de los penales donde estaban alojados.
Los sospechosos fueron identificados como Martín Darío Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47. Ambos permanecen detenidos con prisión preventiva, acusados de integrar una organización dedicada a cometer robos bajo la modalidad de entraderas y asociación ilícita.
La investigación de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro permitió detectar comunicaciones en las que los dos hombres habrían coordinado una represalia contra la fiscal. El dato que encendió las alarmas fue encontrado cuando se revisó uno de los teléfonos secuestrados en la causa original.
De acuerdo con la investigación, los detenidos habían reunido información sobre Hertrig y su entorno mediante IA y analizaban distintas alternativas para concretar una agresión. Entre los elementos que quedaron bajo análisis aparecen pedidos de fotografías de la fiscal mediante herramientas de inteligencia artificial.
El hallazgo derivó en procedimientos simultáneos dentro de las unidades penitenciarias donde estaban alojados los acusados. Allí fueron secuestrados teléfonos celulares y ambos quedaron aprehendidos en sus respectivas celdas.
El repudio de los magistrados
La gravedad del episodio generó un fuerte pronunciamiento del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que manifestó su “profunda preocupación” por el plan detectado contra la fiscal.
La entidad remarcó que no se trató de una amenaza genérica o aislada, sino de una investigación que permitió establecer la existencia de acciones coordinadas, la obtención de información sobre la funcionaria y distintas alternativas para agredirla, incluida la posibilidad de atentar contra su vida.
Para el Colegio, el episodio excede la protección de la fiscal y su familia. “Cuando se planifica una agresión contra una fiscal para condicionar o responder a su actuación en una causa judicial”, señalaron, se intenta interferir mediante la violencia en el funcionamiento del sistema de Justicia.
El organismo también advirtió que el caso se suma a una problemática que viene observando con preocupación: las amenazas, intimidaciones, hostigamientos y agresiones que reciben magistrados, funcionarios y funcionarias por decisiones vinculadas con sus responsabilidades.
El Colegio expresó su solidaridad y acompañamiento a Hertrig y a su familia y reclamó la atención de las autoridades de los tres poderes del Estado frente a este tipo de situaciones.
Dos cárceles, celulares y un viejo reclamo
El caso volvió a poner en el centro de la escena el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses. La particularidad de esta investigación es que los sospechosos se encontraban alojados en establecimientos penitenciarios diferentes y, según la pesquisa, utilizaban dispositivos para mantener comunicaciones.
La discusión sobre los celulares en las cárceles viene desde hace años y volvió a ganar espacio en la agenda política a partir de distintos casos en los que se investigó su utilización para coordinar actividades delictivas desde el interior de los penales.
En ese marco, el episodio fue aprovechado por el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, para cuestionar al gobierno de Axel Kicillof y reclamar nuevamente restricciones al uso de teléfonos por parte de los presos.
“Toda mi solidaridad con la fiscal María Paula Hertrig, de San Isidro”, expresó Ritondo. El dirigente sostuvo que el hecho confirma, a su criterio, los cuestionamientos que viene realizando sobre el uso de celulares dentro de los establecimientos penitenciarios bonaerenses.
“Es urgente que se avance de una vez con la prohibición del uso de celulares en las cárceles”, planteó el dirigente del PRO, quien recordó que su espacio impulsa desde hace años un proyecto en ese sentido.
El reclamo se inscribe además en una discusión más amplia entre Nación y Provincia sobre los mecanismos para impedir que los teléfonos sean utilizados desde las cárceles para organizar delitos, una problemática que volvió a quedar expuesta a partir del plan detectado contra la fiscal de San Isidro.
