La Justicia Federal de La Plata, ordenó la realización de dos pericias claves para determinar las responsabilidades penales en el caso del Fentanilo contaminado que provoco, hasta ahora, la muerte de 52 personas, y dictaminó la habilitación de la feria judicial para seguir con la tramitación de la causa.
Una resolución que firmó hoy el Juez Federal Ernesto Kreplak, el magistrado que lleva adelante la investigación, les ordenó a los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que certifiquen si existió relación directa entre el fentanilo suministrado a las víctimas, y la causa de los decesos.
Además, le pidió al instituto Malbrán un peritaje para determinar si se cumplió el protocolo de rigor que se debe seguir para dejar sentado administrativamente las particularidades del procedimiento de producción del opioide, y si se respetaron los pasos obligatorios para la elaboración del producto que resultó estar contaminado.
Se trata de dos pruebas claves que pueden realizarse sobre la base de otras, mucho más minuciosas y de complicada recopilación, que fue reuniendo la Justicia desde que se abrió el proceso. Lo clave de estas pruebas, es que lograrán certificar la conexión entre el opioide contaminado y la muerte de las víctimas, en un caso, y habilitarán el proceso de imputación y la línea de corte, si es que lo hubiera, en la responsabilidad penal de los involucrados.
En la resolución a la que accedió INFOCIELO, Kreplak le pidió al cuerpo médico forense de la Corte, “realizar un peritaje” consistente en “analizar integralmente las historias clínicas de los pacientes fallecidos”, con el fin de determinar la causa real de las muertes. En particular, busca detectar fehacientemente la incidencia (o no) en los decesos, de la administración del Fentanilo HLB
El despacho pide explícitamente que se detecte “la existencia de casos de bacteremia asociada a la que se detectó provenía de las muestras contaminadas”, y, particularmente, “establecer si la contaminación microbiana pudo haber incrementado el riesgo de muerte”
Con ese mandato, la Justicia puso a consideración de los peritos todos los análisis que hizo oportunamente el Instituto Malbrán.
A su vez, requirió a ese instituto, que realice otro peritaje, esta vez sobre los registros del lote infectado, más los documentos vinculados al proceso de producción del Fentanilo. Se trata de una pericia clave para detectar hasta donde llega la cadena de responsabilidad por la provisión del medicamento contaminado, para saber si se vulneró o no el principio de confianza o si, por el contrario, se saltearon procedimientos de control que amplían el nivel de responsabilidad.
En ese sentido, la Justicia Federal de La Plata reclamó “identificar las deficiencias detectadas en el modo de producción, y sus implicancias en torno a la inocuidad del producto”.
Además, esta pericia deberá controlar si los registros documentales se llevaron cumpliendo la normativa vigente y las reglas establecidas no sólo en términos del procedimiento de producción, sino, también, del registro administrativo requerido para su fabricación.
La idea es despejar cualquier duda y establecer con rigor certero la legitimidad de cada paso administrativo y de producción del fentanilo, y dictaminar si los registros que se encuentren en el laboratorio involucrado son legítimos y/o si alguna información sobre el proceso pudo haberse obviado y/o adulterado.
En cada paso de las pericias que se inician en esta instancia, la Justicia corrió traslado a las partes involucradas para que designen sus propios peritos, con el fin de evitar planteos de nulidad sobre este tipo de pruebas que se considera determinantes en el principio de resolución de responsabilidad de la causa
Una justicia sin herramientas y un sistema precario que evidencio fallas severas
Desde que se inició la investigación, el sistema mostro serias falencias en cuanto a la recolección de pruebas, un complejo compendio de registros dispersos en todo el país que, para peor, en muchos casos ni siquiera están digitalizados; y evidenció la inexistencia registros claros y ordenados por parte de ANMAT.
Por ejemplo: en la causa existen más de 150 expedientes elaborado por ANMAT, con observaciones de todo tipo por presuntos defectos en los procesos de fabricación de medicamentos, que la Justicia tiene que revisar uno por uno para detectar algún patrón del desperfecto, que pueda dar con el origen de la contaminación. Toda esa tarea, con un “ejército” de dos peritos a los que se les ordenó escarbar sobre esa montaña de expedientes.
Los primeros procedimientos que ordenó la justicia federal se realizaron en el Laboratorio involucrado, y, después, en las droguerías que lo distribuían. En primer lugar, la que le suministró el opioide al Hospital Italiano de La Plata, donde se detectaron los casos iniciales de víctimas fatales.
Se estima que se repartieron más de un millón de ampollas, entre las cuales hubo que trazar línea de localización de las pertenecientes a los dos lotes que se comprobó que estaban contaminados; y poner en cuarentena el resto.
Esa tarea, junto a otras, demandó un trabajo casi artesanal: efectivos de policía de todo el país recorrieron las más de 300 instituciones de circuito de la distribución, ordenando poner “en cuarentena” los opioides sospechados, y ordenando a las autoridades de cada centro asistencial transformarse en depositaros judiciales para sacas las ampollas de circulación, mientras durase la investigación y hasta certificar su calidad.
El otro inconveniente que se evidenció en la recopilación de las pruebas, es la falta de digitalización de las historias clínicas, en muchos hospitales o centros de salud donde existen casos de presuntas víctimas, que -todavía- no fueron catalogadas como tales. Un universo de fallecidos que se acerca al centenar, casi el doble de los 52 casos detectados.
