Esta tarde, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su informe anual en el que destacó las gestiones del gobierno provincial para descomprimir la crítica situación del sistema penitenciario, a raíz de la sobrepoblación y el hacinamiento, e informó que hubo un leve descenso de la población en cárceles y de los delitos durante el 2020.
En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM advirtió además que las intenciones del gobierno no se vieron reflejadas en las políticas del ministerio de Seguridad que encabeza Sergio Berni, y tampoco en las decisiones del Poder Judicial.
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“A pesar del descenso de los delitos, aumentaron exponencialmente las aprehensiones y la violencia policial, y las comisarías tuvieron la sobrepoblación más alta de los últimos 15 años”, comunicaron desde el organismo.
Asimismo, desde la Comisión valoraron la creación de la mesa interinstitucional de diálogo que realizó el gobierno cuando, al comienzo de su gestión, debió enfrentarse a una huelga de 16 mil personas detenidas frente a la falta de alimentos y medicamentos.
Como también destacaron, ya en un contexto de pandemia por coronavirus, la habilitación de los teléfonos celulares para los detenidos; la cual, ante la suspensión de las visitas, “garantizó a las personas detenidas el acceso a su derecho a la comunicación y al vínculo familiar”.
Además, el año pasado lanzaron el programa Punto Denuncia Torturas, mediante el que recopilaron 34.500 hechos de tortura o malos tratos en cárceles bonaerenses. “Casi la mitad de estas denuncias, más de 16.000, fueron por hechos de violencia o morosidad judicial”, indicaron, por lo que “confirma la sistematicidad de la tortura como forma de gobierno de la población encarcelada”.
El punitivismo de Sergio Berni
“En las políticas de seguridad de la Provincia se intensificaron tres rasgos: retroceso en la conducción civil de las policías y unificación de las jefaturas, profundización del esquema de saturación policial como mecanismo de gestión territorial y agravamiento de la crisis humanitaria en las comisarías”, sintetizó el informe de la CPM sobre la gestión en Seguridad del ministro Berni.
Al mismo tiempo que se registró una reducción de casi un 30% de los delitos, debido a las políticas de asilamiento social por la pandemia por coronavirus, la CPM indicó que crecieron las aprehensiones policiales: de 280.000 en 2019 se pasó a 410.088 en 2020, es decir 130.000 personas más.
“De estas 410.088 personas aprehendidas, apenas 37.607 (9,2 %) fueron privadas de su libertad por imputación de un delito y sólo 15.249 (3,7 %) ingresaron luego al Servicio Penitenciario Bonaerense porque se les dictó prisión preventiva o fueron condenadas”, señalaron.
Es decir, casi 9 de cada 10 personas fueron aprehendidas sin vinculación con la comisión de delitos. “Esa hiperactividad y arbitrariedad de las fuerzas policiales en el despliegue territorial tuvo dos consecuencias directas: el aumento de la violencia policial y la saturación de las comisarías como lugares de detención”, explicaron.
También, remarcaron que el incremento de personas detenidas en dependencias policiales alcanzó en noviembre el récord de los últimos 15 años: 5.600 personas se alojaron en 1.221 plazas, lo que implicó una sobrepoblación de 295%.
El informe resalta que “no existió ninguna liberación masiva de personas”, tal como algunos medios informaron a principio del año pasado, y solo registró una disminución de personas detenidas de -1%.
“Este leve descenso también debe analizarse considerando que la cantidad de delitos disminuyó en la provincia de Buenos Aires. Es decir, si bien el delito disminuyó de manera considerable no hubo un correlato similar en la disminución de personas detenidas”, concluyeron.
Con todo esto, la tasa de encarcelamiento cada 100.000 habitantes (mayores de 18 años) bajó de 415 a 399, equiparando el registro de 2018. Si bien 2020 interrumpió la tendencia ascendente iniciada en 2014, la tasa de encarcelamiento actual es 55% más alta que hace diez años.
Por último, la sobrepoblación del sistema carcelario descendió de 118% en 2019 a 106 % en 2020. Esto significa que todavía la mitad de los/as detenidos/as no tuvo espacio para dormir. Sin embargo, puesto en la serie histórica, 2020 rompió una tendencia ascendente iniciada en 2008 y exacerbada desde 2014.
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